Cemeí Verdía Zepeda, comandante general de la policía comunitaria de Ostula, Michoacán, fue liberado y reaprehendido de inmediato el día de ayer, mientras personal del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitaba su comunidad.

Por la mañana, un juez federal le concedió la libertad por falta de pruebas, luego de que sus abogados demostraron que las armas que portaba –motivo de su detención in fraganti, según la Procuraduría General de la República (PGR)– le fueron proporcionadas por el gobierno de Michoacán.

Al salir del penal, Verdía fue nuevamente detenido y devuelto a la misma cárcel, el Centro Federal de Readaptación Social número 4, en Nayarit, esta vez como resultado de la existencia de una orden de aprehensión por delitos del fuero común.

Nos dicen que es por secuestro y homicidio, refirió vía telefónica uno de los comandantes de la policía comunitaria.

La misma fuente afirmó que en una reunión que sostuvieron en días pasados en la Secretaría de Gobernación, Jaime Martínez Veloz, comisionado para los Pueblos Indígenas, nos habló de que existían unas viejas órdenes de aprehensión, pero nos aseguró que no serían ejecutadas.

Las autoridades federales acusaron a Verdía de violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pues al momento de su detención tenía en su posesión dos fusiles, un arma corta y cartuchos. Las armas de fuego, al igual que el vehículo blindado en el que viajaba, le habían sido proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

Según las autoridades de la comunidad nahua, Cemeí estaba legalizado e incluso ya cobraba en el gobierno estatal.

Verdía fue detenido en La Placita, población cercana al mar que durante muchos años fue el centro de operaciones del cártel de Los caballeros templarios y su jefe de plaza, Federico Lico Buendía. Ahí lo habían citado funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública para algunos trámites, entre ellos la regularización de su camioneta.

El gobierno de Michoacán proporcionó el vehículo blindado a Verdía luego de que éste sufrió un tercer atentado contra su vida, el pasado 25 de mayo. Por ese hecho están en prisión el alcalde de Aquila, Juan Hernández, así como el ex autodefensa José Antioco Calvillo, quienes, según sus declaraciones, fraguaron el asesinato de Cemeí porque el jefe de los comunitarios era un obstáculo para la explotación de algunas minas en la región.

La detención de Verdía provocó que habitantes de la costa michoacana bloquearan distintos puntos de los caminos de la región. En el poblado Ixtapilla, elementos del Ejército Mexicano abrieron fuego, con resultado de varios heridos y un niño de 12 años muerto, Hidilberto Reyes García.

Según las autoridades michoacanas, que realizaron una investigación inusualmente rápida, no fue posible determinar el calibre del arma que dio muerte al menor, y los disparos fueron realizados por personas desconocidas.

Entre 2009 y 2013, Ostula sufrió el terror templario a todo lo que dio: 32 comuneros fueron asesinados y seis siguen desaparecidos.