A casi tres años de haber entrado en operación el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, éste aún tiene problemas para garantizar la seguridad de las personas a las que está dirigido, ya que de junio de 2012 a mayo del año pasado fueron ejecutados en el país 32 activistas, 11 de ellos en Guerrero y otros 11 en Oaxaca.

El Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil, que aglutina a decenas de agrupaciones defensoras de derechos humanos, destacó ayer, al presentar el segundo diagnóstico sobre la implementación de este mecanismos, que las amenazas, ataques y homicidios contra periodistas y activistas se han incrementado.

Las organizaciones señalaron que entre las fallas que presenta dicho mecanismo se encuentran: la falta de una política de difusión de las autoridades y de la búsqueda de una rendición de cuentas; la ausencia de respaldo político, financiero y recursos humanos al mecanismo; la descoordinación y falta de voluntad de las autoridades de los distintos niveles de gobierno; las limitaciones en las investigaciones, y el desinterés por activar herramientas que por ley se definieron para prevenir abusos y ataques contra esta población.

Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, resaltó que las denuncias de violaciones a las garantías fundamentales, de amenazas, de allanamientos, ataques, asesinatos y desapariciones forzadas contra este sector de la población, se han incrementado.

Hizo notar que el abanico de perpetradores de ataques es muy amplio, el cual incluye a funcionarios de los tres niveles de gobierno, desde alcaldes hasta gobernadores. Esto sin contar con las amenazas del crimen organizado, que controla grandes territorios.

Alberto Solís Castro, director de Serapaz, insistió en que la responsabilidad de proteger a los defensores de derechos humanos y periodistas es del Estado. El mecanismo no ha logrado su implementación correcta; la situación de violaciones a las garantías de activistas y comunicadores se ha agravado.

Pilar Tavera, directora de Propuesta Cívica, explicó que el mecanismo no ha logrado conseguir un cambio significativo en la situación de las personas a las que está dirigido, y pone en evidencia los problemas que enfrenta y que se requiere atención inmediata para garantizar la seguridad de ambos colectivos.

Destacó que una de las debilidades del mecanismo es la falta de claridad de los criterios para admitir casos, lo que resulta en que las decisiones parezcan azarosas, pues no se conocen las causas por las que se tomó la decisión de aceptar o rechazar a una persona solicitante.

Balbina Flores, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, destacó la ausencia de un discurso gubernamental en favor de los defensores de garantías individuales y periodistas; tampoco hay seguimiento a las investigaciones, y mucho menos se detiene a los responsables de las agresiones.

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Javier Hernández Valencia, comentó que pese a las fallas que se han ubicado en el mecanismo, y que deben corregirse para mejorarlo, éste no debe desaparecer; deben hacer que funcione.