A un mes de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) indaga vínculos entre la defensa de Rubén Oceguera, El Menchito, hijo del líder del cártel Jalisco Nueva generación (CJNG) y funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Policía Federal (PF)y personal de prisiones federales que inicialmente fueron detenidos como implicados en la evasión ocurrida el pasado 11 de julio.

Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional revelaron que la Procuraduría General de la República (PGR) ha encaminado sus actuaciones a determinar la participación de funcionarios y civiles en la fuga, y que se trabaja para reunir pruebas de la responsabilidad para no solicitar el arraigo, sino órdenes de aprehensión.

El gobierno ha separado la actuación ministerial de la policial, y aunque el Ejército, la Marina y la Policía Federal buscan a Guzmán Loera, se ha considerado que desde la División de Inteligencia de la PF no activaron las alertas que hubieran evitado su fuga.

Las fuentes consultadas refirieron que no se ha descartado que Nemesio Oceguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG, hubiera apoyado al cártel de Sinaloa para que El Chapo Guzmán se hubiera evadido del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, El Altiplano, que se localiza en Almoloya de Juárez, estado de México.

La Seido identificó que varios de los abogados que solicitaron estar presentes en las declaraciones ministeriales de los siete funcionarios detenidos por la evasión de El Chapo Guzmán formaron parte del equipo de defensores que participaron en la promoción de recursos y diligencias para la liberación de El Menchito, quien fue detenido en Zapopan, Jalisco, en junio de este año, y liberado días después por falta de elementos para procesarlo por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además, cuando los abogados de Guzmán Loera fueron citados a comparecer ante la Seido, más de ocho integrantes de supuestas organizaciones civiles defensoras de derechos humanos que operan en el país trataron de estar presentes en la declaración ministerial.Asimismo buscaron que se les acreditara como coadyuvantes del Ministerio Público.

Guzmán Loera se evadió la noche del 11 de julio a través de un túnel que llegó hasta el baño de su celda y se extendía a lo largo de más de mil 500 metros hasta una bodega y una casa que se construyeron ex profeso para su fuga en un predio localizado en la parte trasera de Cefereso número 1, en la colonia Santa Juana, en el mismo municipio de Almoloya de Juárez.

Especialistas de la PGR han realizado más de 80 peritajes y de ellos se han obtenido huellas genéticas y dactilares que están siendo confrontadas en las bases de datos, en busca de precisar la identidad de los constructores del túnel y a los que colaboraron en la fuga de Guzmán Loera.

Hasta el momento, de los siete imputados por la PGR de haber coadyuvado en la evasión, solamente tres están en prisión; cuatro de ellos obtuvieron auto de libertad, pero el Ministerio Público Federal ya apeló de la decisión del juez que conoce del caso.

En tanto, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) dio a conocer información sobre que El Chapo Guzmán se oculta en su natal Sinaloa, y reiteró el ofrecimiento de una recompensa hasta de 5 millones de dólares a cambio de datos que lleven a su captura.

En tanto, el gobierno mexicano ofrece hasta 60 millones de pesos por información para capturar al líder del cártel de Sinaloa.