Las llamadas acciones colectivas, concebidas como la versión mexicana de las class actions o acciones de grupo que se realizan desde hace más de tres décadas en Estados Unidos, son juicios civiles mediante los cuales una comunidad, asociación o grupo puede conseguir la reparación de daños producidos por empresas en perjuicio de alguna colectividad, indemnizaciones por contaminaciones ambientales en ríos, lagunas u otros ecosistemas; la puesta en marcha de medidas preventivas para evitar desastres futuros, así como el pago de multas por compañías contaminadoras y el pago de alguna indemnización equivalente a los daños ocasionados.

Abogados, jueces, académicos y otros especialistas entrevistados por La Jornada recomendaron a las asociaciones y/o sociedades civiles mexicanas que aprovechen los beneficios de esta vía civil, ya que desde febrero de 2012, cuando entró en vigor la legislación que les da cobijo, apenas se han promovido 86 demandas de este tipo, de las cuales 44 fueron desechadas por cuestiones técnicas o porque el juez se declaró incompetente para conocer del caso.

El resto de los expedientes está en trámite –algunos fueron admitidos luego de una apelación ante un tribunal de alzada– y hasta ahora sólo en una demanda se ha dictado sentencia de fondo, misma que aún no es definitiva.

Julio Gutiérrez, abogado civilista con más de dos décadas de experiencia en juicios civiles, explicó que las acciones colectivas son un instrumento procesal que sirve para tutelar derechos de un grupo de personas o de una colectividad.

Agregó que si bien la novedosa figura de derecho civil tiene algunas similitudes con las llamadas class actions, ya que, por ejemplo, se utiliza la certificación de la colectividad, en realidad se copiaron más conceptos utilizados por el derecho brasileño y por la doctrina italiana, como son el interés difuso, el colectivo y el interés individual-homogéneo.

Es un instrumento específico para demandas grupales

Uno de los principales objetivos de las acciones colectivas es brindar acceso a la justicia en aquellas situaciones en las que individualmente no se tienen los incentivos para demandar. Es un instrumento específico para que un grupo de personas vinculadas por intereses comunes se unan y demanden a grandes empresas corporativas que suelen tener mucho dinero y despachos jurídicos influyentes, agregó el litigante.

Arturo León, otro abogado civilista con varios años de experiencia, indicó que se trata de una figura muy valiosa, pero difícil, ya que no es fácil concretar las demandas debido a que la redacción de la ley es confusa, te impone múltiples requisitos para que procedan las acciones y demasiados obstáculos a las asociaciones civiles que pretenden dedicarse a esta actividad, además de la renuencia de los jueces para admitirlas.

La utilidad y beneficios de las acciones colectivas son muy amplios.

El abogado constitucionalista Luis Pérez de Acha asegura que en sentido estricto las acciones colectivas se basan en la protección de derechos humanos individuales y buscan se reparen los daños materiales o patrimoniales provocados a personas físicas o morales que vieron afectada su salud, patrimonio, empleo, cultivos, el agua de consumo y riego, la materia prima para producir alimentos, así como la enfermedad y muerte de ganado, además de que estimulan a las empresas demandadas a adoptar una cultura de responsabilidad civil, social y ambiental.

Enfrentar el poder de un corporativo

En algún momento de nuestra vida todos hemos sufrido alguna injusticia, donde decimos que económicamente es mejor soportar esa injusticia a tratar de enfrentar el poder de un corporativo con abogados muy influyentes, porque el costo de un juicio es alto, contratar abogados es caro y el tema burocrático es muchas veces un verdadero calvario. Aquí radica la importancia de las acciones colectivas, para terminar con esa gran pared, dijo el abogado Julio Gutiérrez.

La demanda más reciente de acción colectiva fue presentada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) contra los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México por permitir la descarga clandestina de aguas negras en la presa San Joaquín, en Tecamachalco. Fue presentada bajo la figura de la acción colectiva difusa, vigente desde 2012 para defender intereses de grupos indeterminados de personas.

Otro caso lo inició la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en diciembre pasado contra Aeroméxico, por lo que considera abusos contra los clientes de la aerolínea. El juez federal en material civil que conoce de esta demanda deberá resolver si 532 usuarios se han visto afectados por la aplicación indebida de cláusulas abusivas, inequitativas y desproporcionadas, que causaron diversos daños y perjuicios patrimoniales.

Profeco busca que Aeroméxico indemnice a cada una de las 532 personas que firmaron la demanda, pero también a todas las que, habiendo contratado con la aerolínea, posteriormente quisieran sumarse al reclamo.

Un tercer caso sonado es el de la acción colectiva contra Grupo México por daños ambientales a los ríos Bacanuchi y Sonora, derivado del derrame de 40 millones de litros de ácido sulfúrico.

En abril pasado, la juez Emma Gaspar Santana aceptó certificar el pasado 26 de marzo como acción colectiva difusa la demanda presentada en agosto de 2014 por los abogados David Álvarez y Luis Manuel Pérez de Acha.