La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Ernestina Godoy, cuestionó que las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Comunicaciones y Transportes (SCT) hayan entregado a la empresa de consultoría Código Empresarial SA de CV (Human Factor) la tutela de los datos personales de la población a la que otorga televisores con motivo del llamado apagón analógico.

De acuerdo con la legisladora del partido Morena, ninguna de las dos dependencias federales publicó las reglas de operación para la entrega de 7.1 millones de televisores en diversos estados de la República. En el caso del Distrito Federal planean entregar 849 mil 84 pantallas digitales: 200 mil en Iztapalapa, 145 mil en Gustavo A. Madero y 24 mil en Miguel Hidalgo.

Sin reglas de operación, la licitación pública nacional electrónica No. LA-009000987-N35-201 es la única fuente de información que tenemos. En ésta se señala que los beneficiarios serán quienes reciben los programas sociales federales, afirmó.

La licitación estipula que esta empresa deberá implementar todos los mecanismos para recabar la información de los beneficiarios, la cual estará bajo su resguardo hasta que concluya la entrega de los equipos digitales. Una vez terminado su trabajo de integración, la información pasará a posesión de las dependencias del gobierno federal y los archivos de origen serán destruidos, indicó Godoy al emitir un pronunciamiento al respecto.

Sin embargo, mientras termina ese proceso, los datos personales de los beneficiarios serán responsabilidad de una empresa privada. De ahí que una licitación no sustituye las responsabilidades de las autoridades federales, precisó.

De igual manera, comentó, deberán señalar los motivos por los cuales requieren la fotografía y huellas dactilares, si para ser beneficiario del programa de transición a la televisión digital terrestre (TDT) la licitación antes mencionada establece como requisito ser integrante de alguno de los programas sociales federales.

Se supone que los datos personales de los beneficiarios de los programas sociales, como identificación oficial, clave única de registro de población (CURP) y comprobante de domicilio, entre otros, deben estar integrados en el padrón único de la Secretaría de Desarrollo Social; de lo contrario, esta dependencia deberá explicar qué ha hecho con la información recabada durante la presente administración, añadió la legisladora.

Ernestina Godoy señaló que las autoridades del gobierno federal pueden ser enjuiciadas por violación a los derechos humanos y por entregar la tutela de los datos personales a una empresa privada. Añadió que el fichaje de las personas exige una investigación profunda, así como auditorías y sanciones ejemplares.

De acuerdo con su página web, la empresa de consultoría Código Empresarial ofrece una amplia gama de soluciones innovadoras para la administración de la identidad, entre otros servicios.