Sus padres han laborado en ranchos donde se fumigan cultivos con sustancias prohibidas
Ningún médico ha aclarado las causas del padecimiento
Extranjeros manejan refugio donde ofrecen a los pacientes atención y sillas de ruedas
Afectados señalan a empresa de un panista
Choferes demandan a la empresa operadora pagar al Infonavit las cuotas que les ha retenido
Reconoce el gobernador que la plaga ya tomó
la mayor parte de los cultivos del estado
Guadalajara, Jal., Sesenta y siete por ciento de las 32 cárceles municipales de Jalisco están saturadas; 71 por ciento mezclan internos sujetos a proceso con sentenciados; 50 por ciento no capacitan a sus custodios y apenas 38 por ciento cuentan con circuito cerrado de video, informó el diputado José Luis Munguía Cardona, presidente de la comisión de seguridad pública y protección civil del Congreso local. El legislador panista obtuvo los datos de las propias autoridades municipales desde finales de 2012 a la fecha, lo que confirma, subrayó, a Jalisco en el tercer lugar nacional con el sistema penitenciario más saturado del país. Además, está el agravante de que el gobierno estatal no tiene un convenio de colaboración con los ayuntamientos para resolver el problema
, expuso. Son 21 los municipios los que tienen las prisiones más saturadas, entre ellos San Gabriel, Mascota, Mazamitla, Cihuatlán, Atotonilco el Alto, Sayula, Ahualulco del Mercado, Zacoalco de Torres, Unión de Tula y San Juan de los Lagos. En Ocotlán la cárcel sólo tiene capacidad para ocho personas y albergan a 38; en la de Tala, que tiene la misma capacidad, hay 71 reos, y en la de Zacoalco, donde sólo debería haber un máximo de 16 internos, hay 58.
Guadalajara, Jal., El Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco pidió al gobierno estatal que no convierta en venganza política el encarcelamiento del pasante de abogado Eduardo Mosqueda Sánchez, miembro del Instituto de Derecho Ambiental, quien permanece detenido en Colima y podría ser sentenciado a 40 años de prisión. Mosqueda fue arrestado en Colima el 22 de julio junto con 33 nahuas del ejido de Ayotitlán cuando acompañaba a un grupo de 500 indígenas que se apostaron a la entrada de la minera Peña Colorada para demandar que se hiciera valer el amparo 426/2013 del juzgado 4 en materia administrativa, el cual les permitía libre acceso a mil 200 hectáreas de su territorio, que disputan con la trasnacional. Los detenidos fueron acusados de secuestro, robo calificado y extorsión, pero días después los gobernadores de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y de Colima, Mario Anguiano, se reunieron y acordaron liberar a los nahuas, pero no al pasante Mosqueda, a quien se dictó auto de formal prisión. Hay mucho dinero en juego. La minera debe a los campesinos como mil millones de pesos de rentas
, afirmó José Luis Guízar, presidente del colegio.
Una toma clandestina, causa probable
Diputados y ediles electos decidirán si continúa; señalan fracaso