Tijuana, BC.

Rosalba tiene 13 años, pero se ve menor. No habla ni camina y nunca ha ido a la escuela. Se arrastra por el piso de su casa, en San Quintín. Al igual que sus dos hermanas, un primo y otros niños de la zona, padece epilepsia.

Andrés, padre de Rosalba, es un campesino triqui que trabaja desde hace más de 30 años en campos agrícolas, primero en Oaxaca y luego en Sinaloa, hasta que llegó a Los Pinos con su esposa y sus tres hijas, con promesas de mejores condiciones laborales.

–¿Cómo se dieron cuenta de la enfermedad de sus hijas?

–Primero fue Lucía, mi hija más grande. Ella murió hace tres años, cuando cumplió 15.

Cuando Lucía tenía dos años, gateaba, pero no caminaba. Sufrió su primer ataque epiléptico a los tres años.

En el dispensario del rancho, un médico la revisó y le dio paracetamol. Los ataques se intensificaron. Después de meses de estudios, médicos le dijeron a Andrés que Lucía tenía epilepsia y que no sabían la causa. También le indicaron que la enfermedad era incurable y que su seguro no cubría el tratamiento.

Lucía murió después de sufrir unos 20 mil ataques epilépticos.

La escuelita de San Vicente

La epilepsia ha afectado a hijos de jornaleros del sur de Baja California en años recientes, sin que alguien les explique el porqué. Sólo saben que no pueden sostenerse en pie.

En la delegación San Vicente, hombres y mujeres despiertan cada madrugada para trabajar en campos agrícolas de San Quintín, unos 100 kilómetros al sur, en algún rancho donde no ganan más de mil pesos semanales. En el lugar hay una escuelita hecha de madera, que atiende a unos 15 niños.

Manuel Solano, representante del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales en San Quintín, indicó que la escuelita en realidad es un refugio para hijos de campesinos diagnosticados con epilepsia en los dispensarios del rancho. Ninguno puede hablar ni caminar, pero tienen cama, comida y sillas de ruedas.

En San Quintín hay muchos niños que tienen este problema, pero no todos tienen un carrito que los lleve a San Vicente con los hermanos, dijo Solano. Los hermanos son una pareja de voluntarios cristianos extranjeros que llegaron al sur de Ensenada hace años. Construyeron un pequeño salón donde reciben niños con alguna discapacidad, entre ellos los diagnosticados con epilepsia.

Andrés, padre de la ya fallecida Lucía, de Rosalba y Rocío, todas con epilepsia, llevó a una de sus hijas al refugio.

“Mi esposa y yo entramos y vimos a varios niños –recordó Andrés–, todos igualitos a mis hijitas. Estaban en un cuarto, pero ahí todos tenían sus sillitas de ruedas. Nada de arrastrarse en la tierra”.

Los menores, de entre cinco y 14 años, comparten cuartos pero cada uno duerme en su cama. Reciben tres comidas al día, un espacio para jugar, realizan actividades con los voluntarios y reciben medicamentos anticonvulsivos.

Rosalba no duró ni una semana en el refugio. Sus padres iban a verla todos los días al salir del trabajo, pero un día su auto se averió y pasaron tres noches antes de que volvieran por ella. En la última visita la vieron triste. A pesar de tener su silla prefería quedarse en un solo lugar. Regresaron a casa con ella.

La mayoría de los niños que padecen epilepsia en esta zona no reciben atención. En la manzana donde vive Andrés otras tres familias de campesinos tienen hijos con la misma enfermedad. Ninguno habla, camina ni va a la escuela. Y nadie le ha dicho a sus padres por qué.

–Yo no sé de esas cosas –acota Andrés–. Yo digo que mis hijas nacieron así nomás, porque la vida es así, y así nos tocó y ya. Pero lo que sí quisiera es que algún día alguien, no sé, esos del Teletón, un doctor o algún licenciado viniera y le hicieran estudios de verdad, para que me digan por qué y las cuiden bien. Porque aquí no hay nada.

Una de las empresas donde, según los jornaleros, se usan agroquímicos prohibidos es el rancho Los Pinos, ubicado en San Quintín, 200 kilómetros al sur de Ensenada y a 300 de la frontera. Produce fresa y tomate para Estados Unidos y es propiedad de una familia de agroindustriales mexicanos vinculada con dirigentes del Partido Acción Nacional.

Según jornaleros, en ese rancho se usan pesticidas prohibidos –entre ellos bromuro de metilo y cloropicrina– que afectan su salud.

Uno de los propietarios es Antonio Rodríguez, diputado de la legislatura local 2004-2007 y después secretario de Fomento Agropecuario en el gobierno de José Guadalupe Osuna Millán (2007-2013). Rodríguez apoyó a Felipe Calderón Hinojosa para que llegara a la Presidencia y acuñó la frase de Los Pinos a Los Pinos.

Durante su campaña, Calderón estuvo en San Quintin y volvió como presidente. En ese sexenio la empresa se benefició con la construcción de una planta desalinizadora con recursos provenientes de Europa. El agua se utiliza sólo para el rancho, sin beneficio para la comunidad.