En diciembre de 2013, durante la discusión en comisiones y ante el pleno de la reforma energética, senadores de PRD y PT insistieron una y otra vez en que el presidente Enrique Peña Nieto había cedido a las presiones de Estados Unidos para privatizar el petróleo y la electricidad.

Después de varias horas de debate, la reforma a los artículos 27 y 28 de la Carta Magna se aprobó en comisiones la madrugada del 10 de diciembre. Ese día, el coordinador del PT, Manuel Bartlett, advirtió: ‘‘Han echado de la Constitución el artículo toral, el 27, que permitía al Estado mexicano mantener la propiedad del petróleo y la electricidad’’.

Recalcó que con ello el Ejecutivo federal ‘‘cumple sus compromisos con Estados Unidos’’, país que presionó para que se modificara la Constitución y se diera marcha atrás a la expropiación petrolera.

Un día después, la reforma se aprobó en el pleno senatorial en un recinto amurallado y resguardado por la policía, sesión en que PRI, PAN y PVEM avalaron la iniciativa que Peña Nieto había presentado cuatro meses atrás, en agosto de 2013.

Fue una sesión maratónica de 20 horas y media, con 209 intervenciones, en su mayoría de perredistas y petistas que argumentaron sin éxito en contra de esa reforma. Alejandro Encinas, Dolores Padierna y Manuel Camacho Solís, los tres del PRD, insistieron en que existían acuerdos del gobierno federal con el de Estados Unidos para adecuar el sector energético mexicano a los intereses de Washington.

En la madrugada de ese 11 de diciembre la mayoría PRI-PAN modificó el dictamen para ahondar en la privatización. Lo hicieron porque la protesta social fue mínima, recalcó Encinas. Entre los cambios principales estuvo una modificación al artículo 27 para posibilitar la celebración de contratos de riesgo con trasnacionales, punto que se prohibió expresamente en la Carta Magna luego de que el presidente Lázaro Cárdenas llevó a cabo la expropiación petrolera y quitó a trasnacionales la explotación del petroleo mexicano.

La reforma energética se aprobó después de las 9 de la mañana del 12 de diciembre y ese mismo día se avaló también en la Cámara de Diputados, donde el coordinador priísta, Manlio Fabio Beltrones, fue factor clave para que la legislación pasara de forma acelerada sin cambio alguno. Ese mismo día se turnó al Ejecutivo para su promulgación.

Nueve meses después se aprobó la legislación secundaria, el engranaje que permitiría echar a andar la privatización petrolera. Se llamó incluso a un periodo extraordinario en el que se discutieron y aprobaron 17 ordenamientos, entre ellos las nuevas leyes de hidrocarburos y las leyes orgánicas de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

En ese nuevo andamiaje jurídico se incluyeron disposiciones específicas para beneficiar a las empresas extranjeras que vendrían a explotar el petróleo y la electricidad. Una de ellas, que fue de las más discutidas, permite que las petroleras extranjeras puedan apoderarse de las tierras que requieran para llevara a cabo sus proyectos.

Tanto Bartlett como Padierna y Encinas advirtieron que se trataba del despojo de sus bienes a pueblos y comunidades indígenas; la propuesta inicial incluía la posibilidad de que las tierras pudieran expropiarse sin mayores planes; al final se eliminó la palabra expropiación por la de ocupación temporal.

A dos años de que Peña presentó la iniciativa de la reforma energética (se cumplen este miércoles), de nueva cuenta están en la mesa de discusión las presiones que Estados Unidos llevó a cabo para lograr el marco jurídico que cumpliera sus expectativas e intereses.