Organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos lanzaron un llamado urgente a los gobiernos federal y de Guerrero para que logren la liberación de manera inmediata de La comandanta de la policía comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, detenida el 21 de agosto de 2013.

Integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos señalaron que la detención de Salgado García estuvo plagada de irregularidades y violaciones a sus garantías individuales, además que no se respetó el debido proceso.

En una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, y difundida en Internet para recibir apoyo, se señala que durante todo este tiempo se ha evidenciado una falta de voluntad política para la liberación de Nestora, pese a que desde el principio no se contó con las pruebas para sostener las acusaciones que se le imputan y que han evidenciado graves violaciones al debido proceso que invalidan lo actuado por la justicia guerrerense.

Prueba de ello es que el pasado 30 de marzo, pese a que el primer tribunal unitario del vigesimoprimer circuito con sede en Chilpancingo revocó el auto de formal prisión por delincuencia organizada en modalidad de secuestro, y ordenó la excarcelación inmediata de Salgado García, esto no redundó en su liberación y los procesos judiciales estatales siguen su curso.

Esto, añadieron, es una violación más a sus derechos, al ser juzgada en dos fueros distintos por los mismos hechos, lo que dificulta su defensa y acceso a la justicia.

Asimismo, en enero de este año el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, consideró a Nestora como presa política y manifestó públicamente que debía ser liberada inmediatamente. Pese a ello y a las pruebas insuficientes y contradictorias, La comandanta continúa en prisión.

Copia de la carta ha sido enviada a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a diversas instancias de la Organización de Naciones Unidas.

Los activistas exigieron, además, la liberación de otros luchadores sociales y presos políticos de Guerrero, como Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos, integrantes de la policía comunitaria de El Paraíso.

También de Samuel Ramírez Gálvez, de la policía comunitaria de Zitlatepec –preso desde 2013– y Marco Antonio Suástegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota –encarcelado desde junio de 2014.

Demandaron, asimismo, la reparación integral del daño para Salgado García y su familia, y que se ponga fin a la criminalización de defensores de derechos humanos.