Las nueve entidades en la mira por su alto nivel de violencia contra las mujeres acusan rezagos similares: investigaciones judiciales inconclusas, carencia de bancos de información de incidencia delictiva, personal no especializado y nula o escasa atención integral de víctimas, entre muchas otras deficiencias.

En la mira –o evaluación– se encuentran los estados de México, Nuevo León, Chiapas, Guanajuato, Morelos, Michoacán, Colima, Baja California y Sonora.

Sin embargo, en los programas presupuestales federales cuyo objetivo es avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres, la población objetivo son sólo 80 mil, es decir, mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia (sicológica, física, patrimonial, económica y sexual) y niñas del país.

La alerta para el estado de México, emitida el mes pasado, fue procesada con base en votos de los integrantes del sistema nacional que atiende el tema, presidido por la Secretaría de Gobernación.

En este mismo bloque, de casos analizados a la luz de la normatividad de 2008, se encuentran también Nuevo León y Chiapas.

En cambio, la alerta emitida para Morelos fue procesada con el nuevo reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reformado en 2013.

El estudio, con base en el cual surgen las medidas de emergencia y acción inmediata para territorio morelense, indica que la mayoría de las indagatorias de los feminicidios en esa entidad –ocurridos de 2000 a 2013– se encuentran inconclusos.

Propone además la reapertura de aquellos expedientes reportados en reserva temporal, a fin de investigar con debida diligencia la muerte de mujeres.

El grupo multidisciplinario, autor del análisis estatal, subraya también que no hay una capacitación eficiente ni planeada, con perspectiva de género, del personal en contacto con las víctimas y/o sus familiares. Tampoco hay protocolos para la atención eficiente de víctimas.

En Morelos, como en otras entidades, en un número importante de casos de feminicidios el agresor es la pareja o ex pareja sentimental de la víctima.

Mientras tanto, como se difundió el último día de julio de este año, Guanajuato fue eximido al momento de ser sujeto de una alerta. En el sistema nacional en referencia se argumentó que la autoridad loclal ha acatado las recomendaciones; sin embargo, se valorarán periódicamente (los elementos) y acciones que continúe ejecutando el gobierno estatal.

Según esta valoración, la entidad reformó y actualizó leyes; hizo un diagnóstico para detectar necesidades de capacitación de personal en materia de derechos humanos y perspectiva de género; incrementó el presupuesto al Instituto para las Mujeres; rediseñó el banco estatal de datos sobre casos de violencia contra las mujeres, y revisó protocolos de investigación con perspectiva de género, entre otras acciones.

En este último caso, el grupo de especialistas habían concluido en su momento: Las fuerzas policiacas municipales y estatales no cuentan con protocolos de actuación con perspectiva de género.

Para Michoacán, el diagnóstico es igualmente severo: investigaciones inconclusas; escasa atención a víctimas; personal no especializado para atender los casos; campañas de información y banco de datos insuficientes, y, en especial, no hay órdenes de protección a las potenciales víctimas, pese a que los hechos se desarrollan en un ambiente de permisividad social a la violencia.