Por orden del tribunal electoral, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) verá reducida hoy su multa en algunos millones de pesos por la fiscalización de campañas locales y federales, que originalmente era de 72 millones de pesos, a una cantidad que anoche se estaba definiendo.

Además, la mayoría de los consejeros electorales se inclinaban ayer por no retirarle el registro de partido político en la sesión del Consejo General que se celebrará hoy. Otro partido beneficiado será el PRI, pues el nuevo criterio de prorrateo permitirá repartir gastos ya no entre 108 candidatos, sino entre 300, lo que reduce la posibilidad de que éstos rebasen topes de gastos de campaña, según el representante del tricolor, Jorge Carlos Ramírez Marín.

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, explicó que ayer a las 10 de la noche se iban a circular los dictámenes y, si bien habrá una reducción, el grueso de la multa más importante por boletos de cine (de 54 millones de pesos) se va a mantener.

Declaró que están en condiciones de acreditar intencionalidad, temporalidad y territorialidad de los gastos del Verde durante las intercampañas. Los gastos no reportados se multan con 150 por ciento. Por cada peso que retire la sentencia del tribunal disminuye la multa en un peso 50 centavos. Es un monto elevado de todas formas, sigue siendo el partido más multado, explicó.

Apremiada por la sentencia del tribunal, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE ayer trabajaba a contrarreloj para cumplir con el plazo de cinco días para resolver las 131 quejas que en el plan inicial se iban a desahogar en días o incluso meses.

Murayama reconoció que la or­den de los magistrados puede ir en contra de la exhaustividad de las investigaciones. No nos permite hacer algunas diligencias.

A raíz de esta sentencia, dijo que van a tener que construir un procedimiento sancionador en materia de fiscalización expedito, parecido al que aplica la Comisión de Quejas y Denuncias.

Aunque consideró que las quejas sobre fiscalización no impactan mucho en los dictámenes, porque 90 por ciento son infundadas o desechadas, principalmente porque los partidos presentan sus denuncias y luego dejan morir la queja al no presentar pruebas o señalan gastos no reportados que el INE ya detectó previamente.

Explicó que esta sentencia los colocó en una situación de urgencia, pero pidió dimensionar que se presentaron 107 recursos contra la fiscalización y el tribunal electoral señaló apenas cuatro o cinco puntos que corregir.

El consejero Benito Nacif señaló que deberán modificar el reglamento de fiscalización para resolver más rápido las quejas y previó que el próximo año será complicado, porque se celebrarán 13 procesos electorales.

Al preguntársele si con estos plazos podrán revisar los dictámenes, respondió: Se hará lo que se pueda.