Villahermosa, Tab.

El Congreso del estado de México reformó el Código Penal para tipificar como delitos el maltrato y el abandono de animales en la entidad. Se sancionará con pena de seis meses a dos años de prisión y multa de 50 a 150 días de salario mínimo a quien cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga, y de seis meses a tres años de prisión a quien cause la muerte no inmediata, utilizando cualquier medio que prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga. La resolución no incluye las corridas de toros, las peleas de gallos, el rodeo ni la charrería, por considerar que son tradiciones culturales. Mientras, el Congreso de Coahuila analiza una iniciativa para modificar la Ley de Protección a los Animales a fin de prohibir las corridas de toros. El dictamen estará listo en días, dijo el diputado local Francisco Tobías Hernández, coordinador de la comisión de gobernación y puntos constitucionales. Mientras, el empresario taurino Armando Guadiana Tijerina anunció que el sábado se realizará una corrida en la plaza Armillita de Saltillo con Eloy Cavazos.

Con el voto en contra del ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó ayer una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 243 del Código Civil de Oaxaca, en virtud de que la norma impugnada fue reformada recientemente y con ello quedó sin efecto la punibilidad en el caso de aborto por alteraciones congénitas del producto. La mayoría consideró que como la norma ya fue modificada no era necesario que la corte se manifestara sobre su constitucionalidad, pero Aguilar Morales señaló que como la norma estuvo vigente un tiempo, alguien pudo haber sido sometido a juicio, lo que causaría perjuicios. Planteó que el pleno analice el fondo del asunto para declarar inválida la norma, a fin de tener la certeza absoluta de que no hay ninguna norma aplicable al caso y que tampoco se podrá iniciar procedimiento contra alguien.

Cuernavaca, Mor., Unos 100 campesinos de la comunidad de San José de los Laureles, municipio de Tlayacapan, ocuparon las oficinas de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y bloquearon la avenida donde se encuentran para exigir solución a un conflicto por 872 hectáreas entre esta comunidad y Tlayacapan, que data de hace 40 años. Los vecinos de San José de los Laureles aseguran que no les pagaron las tierras. Después de tres horas de protesta, los campesinos, encabezados por su comisario, Nicolás Santamaría Horcasitas, fueron recibidos en audiencia. Después de firmar una minuta, los labriegos entregaron las instalaciones.