l presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, el veracruzano Fernando Yunes Márquez, expresó recientemente que se debe legislar sobre la seguridad interior y reformar en lo necesario la Ley de Seguridad Nacional, con el propósito de proteger la actuación de las fuerzas armadas
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El PAN desde 2012 ha venido planteando esa posibilidad. Sin duda lo hace con toda buena intención, pero con una gran ausencia de sensibilidad sobre lo que en esencia necesita el país: mejores sistemas de seguridad pública, a cargo de mejores policías. El viernes 7 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a México hacer una separación clara entre las funciones de la policía y las fuerzas armadas
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Una ley de seguridad interior, hasta donde se conocen las de otros países, tendería a endurecer las facultades de las fuerzas del orden y dar a éstas un sentido belicista, persecutorio, represor. Un ejemplo sería una ley chilena que para empezar daba facultades más amplias al presidente, más allá de las constitucionales.
El artículo 6 de esa ley sancionaba como delito contra el orden público y la integridad del Estado la injuria, calumnia y difamación contra autoridades como el presidente de la república, los ministros de Estado, los comandantes de las fuerzas armadas y los jueces de la Corte Suprema.
Tipificaba como delitos contra la soberanía nacional y la seguridad del Estado, contra la seguridad interior y contra el orden público actos individuales o grupales que en otros sistemas serían a lo más faltas administrativas. Daba facultades a las fuerzas armadas para actuar en terrenos que eran exclusivos del ministerio público.
Fue fundamentalista, por castigar actos tan candorosos como atentar contra el sentimiento patrio
. ¿Nosotros querríamos en México revivir aquel delito de disolución social
, que penalizaba afectar el reposo público
?
El presidente de la Comisión de Defensa Nacional confirmó, desinformado: Es fundamental que trabajemos en la generación de una ley de seguridad interior, para que las fuerzas armadas puedan combatir a la delincuencia organizada
, sin ofrecer un proyecto.
La necesidad apremiante de regular las actividades a favor de la seguridad pública y la justicia es obvia. Hace décadas que es un tema que los poderes ejecutivos y legislativos han rehuido. No debe postergarse más; sin embargo, debe hacerse con la mayor cautela. Podría producir una rehechura del propio país en muchos órdenes que atañen principalmente a la democracia, a los derechos humanos y a la dignidad de las propias fuerzas armadas.
Recordando criterios en torno al concepto heterogéneo de la seguridad, de acuerdo con la Declaración sobre Seguridad en las Américas, dada en la conferencia realizada por la OEA en México en octubre de 2003, se concluyó que el concepto de seguridad se ha modificado radicalmente. Es un hecho irrebatible y hay que ajustarse a ello. El capital social negativo crece.
La declaración nos compromete a reflexionar serenamente sobre la violencia como riesgo mutante, progresivo de la seguridad, y de ello se deben derivar nuevos conceptos y políticas para combatirla; algunos académicos lo están haciendo. Los gobiernos de Fox, Calderón y Peña no se enteraron de su compromiso de descifrar las nuevas expresiones de brutalidad, sus causas y ajustar a ellas sus métodos.
Nada dedujeron para mejor entender y enfrentar el problema de cara al siglo XXI; de ahí nuestros problemas actuales. Por eso promover una ley peligrosa sin calcular sus consecuencias es un peligro. La verdad es que la propuesta de ley se ha pensado muy poco. Siendo aquella declaración un compromiso internacional, ¿cómo México faltaría a él?
Los reclamos a favor de la intervención de las fuerzas armadas en la seguridad interior se deben al aumento de la inseguridad pública y ciudadana, entendida como el incremento de violencia intrafamiliar, ejecuciones, desapariciones forzosas, homicidios, secuestros, extorsiones y robos con violencia.
Por eso cabe preguntarse cuáles serían entonces las responsabilidades de gobernadores y presidentes municipales en caso de permitir la intervención legalizada de las fuerzas armadas en la seguridad interior. ¿Serían derogadas esas responsabilidades? ¿Y cuáles serían las derivaciones deformantes sobre las fuerzas armadas? ¿Éstas, en qué se convertirían? Policías y soldados no son lo mismo: aquéllos deben tener un espíritu protector, éstos un deber de exterminio. ¡¡Qué peligro!!
No se duda del interés positivo de quienes promueven la ley. De lo que hay duda es si se ha calculado el tipo de riesgo de que se trata. Bien podríamos estar desatando un huracán de consecuencias hoy no valoradas.
Lo que se demanda vivamente es concebir un mejor sistema de seguridad y justicia y preservar a las fuerzas armadas dentro de sus tareas doctrinales. ¡¡Ese es el reto!! No simplemente legislar sin saber exactamente qué se está desencadenando.
