Organizaciones civiles proponen al gobierno federal legislar sobre la figura de colaboración eficaz con delincuentes, alternativa para esclarecer el destino de personas desaparecidas.

Esta medida, reconocida por los propios promotores como polémica, representa un canal de negociación con los criminales para que den información útil que lleve a la ubicación de personas, a cambio, por ejemplo, de reducción de penas.

Se trata de dar facultades al Ministerio Público para que pueda negociar, en algunos casos, con personas que saben dónde están los desaparecidos, señaló Juan Carlos Gutiérrez, del grupo Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, al término de una reunión en la Secretaría de Gobernación (SG), coordinadora de la etapa de construcción de la nueva ley en la materia.

La colaboración eficaz será útil para clarificar las líneas de mando de los participantes en una desaparición. Esta vía ha sido utilizada en Colombia, Italia y Perú.

Gutiérrez advirtió que ante este problema no basta una ley que eleve penas, sino que sirva para que el Estado encuentre a los desaparecidos.

Lo que ocurre día a día es que hay personas en las cárceles condenadas por la desaparición que saben dónde están los restos o personas vivas, pero no dan información porque el Estado no tiene facultades para negociar con ellos, dijo.

La propuesta civil, elaborada por un colectivo de más de 35 organizaciones civiles, incluye, entre otros temas: tipos penales del problema, registro único de personas desaparecidas, mecanismo de búsqueda, investigación, derecho de las víctimas y reparación del daño, declaración de ausencia por desaparición, sanciones y armonización legislativa. Además, evaluar la estructura y resultados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

El subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Roberto Campa Cifrián, se reunió ayer con representantes de organismos civiles para analizar el proyecto de la ley general para la búsqueda de personas no localizadas y la prevención y sanción del delito de desaparición forzada.

Esta norma surge de la reforma constitucional, promulgada el mes pasado, que faculta al Congreso para legislar en la materia dentro de los seis meses posteriores al 10 de julio. Es decir, México deberá tener esta ley a más tardar el 10 de enero de 2016.

Igualmente, elevar penas para los responsables de la desaparición forzada e incrementar presupuestos para este fin, en las procuradurías y fiscalías estatales y General de la República.

Las cifras actuales, compiladas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la SG, dan cuenta de más de 25 mil casos de personas no localizadas.