La detención de Martín Díaz Álvarez, en Miami, Florida, el número dos de Oceanografía, buscado en México por presuntamente tramitar créditos fraudulentos en Banamex por más de 5 mil millones de pesos, se realizó a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), informó este jueves Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de esa dependencia.

En conferencia de prensa, el funcionario precisó que los oficiales de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos actuaron tras una solicitud de colaboración que emitió la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, versión que no coincide con la que han dado allegados a Díaz Álvarez, quienes refieren que la captura se efectuó porque hace unos días caducó la vigencia de su visa.

Académicos expertos en temas migratorios explicaron a La Jornada que si la PGR opta por el procedimiento de extradición, al que tiene derecho, sería muy complicado para la dependencia federal, ya que debido a la premura del tiempo, la subprocuraduría jurídica tendría que presentar las mismas pruebas con que ahora cuenta la dependencia mexicana (se trata de aquellas que utilizó para pedir la orden de aprehensión contra Díaz y que fueron cuestionadas mediante juicio de amparo, debido a su frágil idoneidad), las cuales son muy endebles.

Si eso ocurriera, lo más probable es que los fiscales mexicanos terminarían perdiendo el caso, dijeron los también expertos en derecho internacional consultados.

La opción más viable que tiene la PGR es pedir al gobierno estadunidense la deportación de Díaz Álvarez por vencimiento de la visa, lo que implica un procedimiento de derecho migratorio que puede durar varios meses o incluso años.

Por el momento, el empresario mexicano se encuentra en un centro de detención migratoria en espera de la audiencia ante un juez de Florida, la cual se efectuará la próxima semana, según información de las fuentes consultadas.

En esa audiencia puede pedir asilo político, con el argumento de que en México es perseguido por las autoridades, o también puede aportar pruebas encaminadas a demostrar su estancia legal en Miami, y en caso de que acredite que no es migrante, podrá obtener su libertad provisional.

Díaz fue socio de Amado Yáñez, también detenido, quien enfrenta varias denuncias penales y quejas ante autoridades penitenciarias por los privilegios de que goza en el Reclusorio Sur, entre ellos celda propia, celular y hasta una oficina habilitada en la dirección del centro carcelario.

Privilegios en la cárcel

Además de Internet, el empresario cuenta con computadora laptop, cocineta, horno de microondas, baño privado, además de que atiende sus asuntos en el despacho del director del Reclusorio Sur, Gonzalo Héctor Pérez Ascolani, o en su sala de juntas, tiene servicio de comida a domicilio y recibe visitas fuera del horario establecido.

El fraude que se imputa a Amado Yáñez y a Díaz contra Banamex supera 400 millones de dólares, por falsear sus ingresos por contratos con Pemex Exploración y Producción.

El escándalo de la empresa Oceanografía derivó en una inhabilitación de la firma para realizar contratos públicos, sin embargo, el pasado 30 de junio un tribunal federal anuló en definitiva dicha sanción, así como la multa de 24 millones de pesos impuesta a la empresa por la Secretaría de la Función Pública.

El mandato deriva de un expediente donde le imputan tramitar y conseguir créditos con estimaciones apócrifas en favor de Oceanografía, que ocasionaron un quebranto a Banamex por 5 mil 234 millones de pesos.

La PGR ha señalado a Díaz como el verdadero dirigente de la secuela delictiva y miembro de una célula criminal, no obstante que muchas de las estimaciones falsas estaban firmadas por Amado Yáñez Osuna, accionista mayoritario de Oceanografía.

Otras actividades de Díaz

Marín Díaz Álvarez se desempeñó de presidente de Libertad Servicios Financieros, y junto con Dionisio Arturo Pérez Jácome, ex secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, formaron parte del consejo de administración de esa institución financiera.

Tres meses después de que la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que investigaba a los socios de la empresa Oceanografía por incurrir en presunto fraude contra Banamex por 5 mil millones de pesos, Martín Díaz Álvarez dejó la presidencia de Libertad Servicios Financieros y quedaron sin efecto 333 mil 663 acciones de una serie pendientes de pago.

De acuerdo con datos consultados en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio el 19 de febrero de 2009, a solicitud de José Antonio Rico Rico, entonces presidente del consejo de administración de Caja Libertad, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, se transformó en Libertad Servicios Financieros SA de CV Sociedad Financiera. Esa acción quedó registrada en la escritura 211588.

El 28 de febrero de 2013 se registran cambios en el consejo de administración, al renunciar a la vocalía Andrés Puente Cruz y Armando Dorantes García; del consejo independiente, Óscar Arnulfo Cabello, y de la comisaría, Hugo Édgar Bravo Jasso.

Dos meses después, el 30 de abril, a petición de Jesús Beltrán González fue revocado de la secretaría del comité de administración de acciones de la sociedad a José Antonio Rico Rico y nombraron al primero como vicepresidente, mientras Jorge Luis Sánchez Hernández quedó como vocal del consejo de administración de la sociedad.

En esa asamblea, también renunció Dionisio Arturo Pérez Jácome al cargo de tercer consejero suplente del consejo de administración.

Los miembros del comité administrador de acciones de la sociedad quedó presidida por Martín Díaz Ávarez; Jesús Beltrán González, vicepresidente; Jaime Guillermo Ortiz Martínez, secretario; José María Fernández Gámez, vocal; Jorge Luis Sánchez Hernández, vocal; Francisco Javier Cortina Azcárraga, consejero independiente; Jonás Martínez Rábello, primer consejero suplente; Alberto Pérez Jácome Friscione, segundo consejero suplente, y Ernesto Valentín Girón Chávez, consejero suplente.

El 26 de marzo de 2014 Martín Díaz Álvarez renunció a la presidencia del consejo de administración. En ese puesto fue nombrado Carlos Septién Michel, y Jaime Guillermo Ortiz Martínez quedó como secretario.

(Con información de Mariana Chávez, corresponsal)