yer, en la presentación de su quinto informe mensual de labores, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) –conformado a principios de este año como producto de un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno mexicano y los familiares de los 43 normalistas que fueron víctimas de desaparición forzada en Iguala el 26 de septiembre del año pasado– informaron ayer que las autoridades nacionales les han impedido entrevistarse con los militares que estuvieron en esa ciudad guerrerense en el momento de la agresión contra los estudiantes, y que en el curso de la investigación se han perdido importantes pruebas videograbadas que habrían podido ser útiles en el esclarecimiento del episodio trágico.
También ayer, padres de los 43 jóvenes desaparecidos acusaron a funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) de intentar dividir al movimiento de solidaridad con las víctimas, y señalaron que el gobierno no ha cumplido ninguna de las 10 acciones a las que se comprometió el presidente Enrique Peña Nieto en octubre de 2014 en la única reunión que ha sostenido con ellos, en octubre de 2014.
Cuando están a punto de cumplirse 11 meses de la agresión de Iguala, los señalamientos de los expertos internacionales y de los familiares de las víctimas dejan en evidencia que aún no existe voluntad inequívoca de las autoridades para esclarecer lo que realmente ocurrió aquella noche de septiembre en Iguala, las responsabilidades por la autoría intelectual de la agresión y el destino de los normalistas ausentes.
Hasta la fecha, el gobierno sigue presentando como verdad histórica
la versión presentada en noviembre del año pasado por el entonces procurador federal, Jesús Murillo Karam, respecto de que los 43 muchachos habían sido asesinados, incinerados y arrojados a un río en Cocula en las horas siguientes a su captura. A pesar de las dudas que generaron la captura y las imputaciones del ex presidente municipal de Iguala y de su esposa, José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda –señalados originalmente por la PGR como máximos responsables intelectuales– y ante las numerosas inconsistencias encontradas en la narración de Murillo Karam, las máximas instituciones de gobernación, procuración y seguridad del Estado no han podido o no han querido extender las líneas de investigación ni han sido capaces de ofrecer una explicación más verosímil y sólida de la agresión.
Peor aún, las autoridades han pretendido en diversas ocasiones dar vuelta a la página y cerrar el caso, ante la exasperación creciente de los sectores sociales que se solidarizan con las víctimas, sus familiares y sus compañeros de escuela. Ni la presión social interna ni las numerosas movilizaciones internacionales y la pronunciada erosión de la imagen externa del gobierno han conseguido el viraje que sería necesario no sólo para corregir los fallos de la justicia, aclarar el caso y dar con los muchachos y con los responsables de los asesinatos y las desapariciones, sino también para extender los inquietantemente estrechos márgenes de gobernabilidad en el país. En estos casi 11 meses el inmovilismo oficial ante Ayotzinapa ha hecho posibles nuevas violaciones flagrantes a los derechos humanos y ha ahondado el descrédito y la sensación generalizada de desamparo ante atropellos cometidos por elementos de las fuerzas del orden de cualquier nivel.
En tanto no se presente un cambio de actitud ante la tragedia irresuelta de los normalistas guerrerenses, no habrá forma de disipar la percepción social de que la seguridad y la justicia se han extraviado.
