l titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Aristóteles Núñez Sánchez, afirmó ayer que hasta el mes pasado los 40 millones de contribuyentes registrados han aportado unos 247 mil millones de pesos, cifra superior a la programada en la Ley de Ingresos de la Federación de este año. Con ello, señaló el funcionario, ha sido posible atenuar el impacto de la caída de los ingresos petroleros en las finanzas públicas y celebró que los contribuyentes están dando la cara por México.

Es pertinente recordar, al respecto, que el referido incremento de recursos públicos es consecuencia de la reforma fiscal impuesta a la población en octubre de 2013 con los votos del PRI, del PRD, del Verde y de Nueva Alianza, y fue ideada como un complemento a la reforma energética, la cual habría de transferir buena parte de la renta petrolera a manos privadas y causar, con ello, un hueco considerable en las finanzas del país, incluso cuando no se veía en el horizonte una caída a pique de las cotizaciones internacionales del crudo como la que se vive actualmente.

Se debe precisar, asimismo, que el aumento generalizado de impuestos se ha traducido, en la práctica, en una reducción neta en la capacidad adquisitiva de los ingresos, particularmente entre causantes cautivos entre ellos asalariados, profesionistas, micro y pequeños empresarios, y que ello ha significado un duro sacrificio para grandes sectores de la población.

Por desgracia, el Ejecutivo, el Legislativo y la mayor parte de la clase política han puesto a los contribuyentes a dar la cara por México, pero no han realizado la parte de la tarea que le correspondía ni han asumido las consecuencias de la grave circunstancia económica en curso, la cual, para colmo, se agudizará en los meses próximos.

Las elevadas tasas de endeudamiento público, la depresión de los precios petroleros, el insuficiente crecimiento económico y la severa devaluación de la moneda nacional ante el dólar habrían merecido ya la adopción de una política de verdadera austeridad por parte de los organismos del Estado, un recorte general y drástico de los gastos suntuarios y un combate real a la corrupción en las oficinas públicas.

Sin embargo, los altos funcionarios de los tres poderes de la Unión, los tres niveles de gobierno y los organismos autónomos siguen otorgándose ingresos, prestaciones y canonjías injustificables e incluso obscenos si se les compara con la pobreza que campea y se multiplica en el país. Por lo demás, no hay a la vista intención alguna de cambio en la forma tradicional en que las administraciones del ciclo neoliberal hacen frente a las adversidades económicas cada vez que se presentan: mediante recortes a programas sociales y a los presupuestos destinados a la salud y la educación públicas, la cultura y la inversión estatal en infraestructura.

Sería pertinente que políticos y gobernantes pusieran atención en Brasil y en la manera en que la presidencia de ese país está haciendo frente a una situación económica no tan grave como la mexicana: con la desaparición de 10 de los 39 ministerios hoy existentes, la reducción de gastos administrativos y el recorte de cargos de confianza en la administración.

Cabe esperar que el gobierno federal y el conjunto de las instituciones del poder público empiecen, como lo han hecho ya millones de causantes, a dar la cara por México y compartan la frugalidad que se exige a la población.