Guadalajara, Jal.

Los nahuas del ejido están divididos por la renta de mil 200 hectáreas a la mina Peña Colorada, que explota uno de los yacimientos ferrosos más grandes del país.

Un grupo propone revisar el contrato con la empresa, pero otro se opone y cuestiona el papel de los asesores legales después de la protesta del 21 de julio, en la que fueron detenidas 34 personas.

Un día después de la aprehensión 33 indígenas fueron liberados, pero continúa preso el abogado Eduardo Mosqueda, integrante del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), que asesora a un grupo de ejidatarios.

Algunos habitantes insisten en que se aumente la renta y se libere a Mosqueda, pero el representante legal del consejo, Gaudencio Mancilla Roblada, dijo que quienes acudieron al plantón fueron engañados con la promesa que obtendrían medio millón de pesos, por lo que pidió al Idea que deje de mal asesorarlos

El día del plantón los nahuas llevaron el amparo 462/2013 del juzgado cuarto de distrito con sede en Guadalajara para exigir a la empresa un nuevo acuerdo, pero fueron agredidos.

Quienes no participaron en la manifestación señalaron: Condenamos y rechazamos la intervención de organizaciones como Idea y de personas como Pedro León Corrales, Raquel Gutiérrez Nájera, abogado y presidenta de Idea, respectivamente, y de Óscar González Gari, presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, quienes, abusando del desconocimiento de las leyes por parte de los ejidatarios, se lanzaron a una acción que puso en peligro la vida, la libertad y la integridad de personas de la comunidad, dijo Mancilla.

El director de Idea, Carlos Valentín Veyna, aseguró que continuarán con la asesoría y que la asamblea de ejidatarios es la única facultada para destituirlos.