Ciudadanos mexicanos presentaron ante el Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) una petición de investigación, pues aseveran que México es omiso en la aplicación efectiva de su legislación en el manejo y disposición final de televisores analógicos desechados.

En la petición afirman que si bien millones de aparatos se tiran como resultado del llamado apagón analógico –el proceso de transición a la televisión digital–, no se aplica un plan de manejo conforme a la legislación ambiental en México.

Advierten que el Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital Terrestre, presentado el pasado 24 de junio –más de un año después de que comenzó la entrega de pantallas–, es irrealizable, no es preciso, suficiente, adecuado a la realidad, efectivo ni congruente con los tiempos apropiados para su aplicación.

Refieren que hasta el pasado 21 de agosto se habían entregado 5.1 millones de aparatos, pero aún quedaban 4.8 millones por distribuirse, y el programa de gestión no es de conocimiento público, así como tampoco los convenios de coordinación de los gobiernos estatales ni las estrategias de difusión que se plantean.

Los peticionarios afirman que las autoridades no están dando lugar a la participación ciudadana, y argumentan falta de coordinación entre los órdenes de gobierno, además de vacío de información a la ciudadanía y recursos insuficientes para operar el programa.

Dicho proyecto indica que se realizarán dos pruebas piloto de acopio de residuos de televisores analógicos, una para Ciudad Juárez, en julio pasado, y otra en varios municipios del estado de México, pero se desconocen los montos acopiados y el destino de los mismos, indican los peticionarios en el documento enviado a la CCA.

Señalan que hay dos componentes de riesgo para la salud: los plásticos, que contienen retardantes de flama bromados, mismos que son contaminantes orgánicos persistentes y que están incluidos en el tratado de Estocolmo, y el vidrio de los tubos de rayos catódicos, que contiene óxido de plomo, sustancia que se puede esparcir en el ambiente.

En la petición indican que México incurre en omisiones en la aplicación efectiva del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, así como de disposiciones establecidas en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en al menos tres leyes más.