irgilio Andrade terminó la investigación sobre las denuncias de conflicto de intereses que surgieron cuando se dio a conocer la compra de la Casa Blanca que hizo la señora Angélica Rivera, y la del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de una gran casa de fin de semana en Malinalco. En ambos casos aparece como amigable prestamista –si es que esta categoría fiduciaria existe– el Grupo Higa, que hasta donde sabemos, más que institución crediticia es una empresa constructora, contratista de gobiernos estatales y del gobierno federal. Después de seis meses de trabajo, la SFP concluyó que ni la esposa del presidente, ni el presidente, ni el secretario Videgaray incurrieron en conflicto de intereses en estas operaciones, porque cuando se llevaron a cabo ninguno de ellos era funcionario público. Es decir, la esposa de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray aprovecharon el paréntesis que se abrió entre la salida del gobierno estatal y la entrada de ambos al gobierno federal para irse de compras. Bien sabían ellos, como todos nosotros, que su paso por la vida privada sería bien breve.

Francamente, desde que se anunció el nombramiento de Virgilio Andrade para llevar a cabo esta investigación pudimos anticipar el resultado, desde luego, contrario al que el sentido común había apuntado sin necesidad de mucho investigar. A Andrade le tocó la tarea siempre complicada de investigar a quien lo había nombrado. ¿A quién le pide su jefe que lo investigue? Sobre todo, cuando uno ha contraído con ese jefe la deuda de haberlo designado miembro del gabinete. Es decir, la investigación del secretario Andrade estaba viciada de origen, porque había un conflicto de intereses entre su nombramiento y su encargo.

Hay conflicto de intereses cuando un funcionario público toma una decisión que involucra recursos públicos para favorecer sus intereses privados. Tal vez esta definición no sea la misma que establecen los ordenamientos vigentes, y que es muy cercana a un acto de corrupción puro y simple. Sin embargo, me parece que el conflicto de intereses es el punto previo al acto de corrupción. El Código de Ética de Naciones Unidas estipula que “un conflicto de interés personal es una situación en la que los intereses privados de una persona –como relaciones profesionales externas o activos financieros personales– interfieren con el cumplimiento de sus funciones oficiales”. Cuando prima el interés privado se compromete la imparcialidad o la objetividad del funcionario responsable. Me pregunto si acaso se plantearon este problema quienes imaginaron resolver el problema de imagen pública y de credibilidad en que se metieron el presidente, su esposa y el secretario cuando decidieron comprar tan enormes caserones con el crédito de la empresa contratista.

El problema que plantean tanto la Casa Blanca como la casa de Malinalco es precisamente que no sabemos si las decisiones que favorecieron al Grupo Higa con buenos contratos fueron tomadas con imparcialidad, con objetividad, de manera que sirvieron al interés público, y no fueron parte del agradecimiento del funcionario al amigable prestamista, o si éste se sentía obligado por lo que percibió como un favor.

Suponemos que Angélica y Enrique están casados por separación de bienes; por consiguiente, las operaciones financieras de la señora Rivera son, como su capital, muy de ella. Formalmente, al menos, ella no es funcionaria pública, aunque es indiscutible que cumple con funciones públicas que la han llevado a viajar por el mundo en gran estilo. Ha visitado el palacio de Buckignham en Londres, el Eliseo en París, y ha estrechado la mano de grandes personalidades en su calidad de esposa del primer funcionario de la nación, y de representante oficiosa de los mexicanos. Me parece que estos privilegios los recibe porque cumple con una función pública, la misma que le asigna como domicilio la residencia oficial de Los Pinos, que es propiedad de la nación, y donde se le atiende seguramente muy bien, porque es muy importante que esté libre de preocupaciones domésticas. Ella necesita su tiempo para atender a los compromisos que le impone la función pública que desempeña cada vez que acompaña a su esposo, el presidente, a comidas y cenas con visitantes distinguidos, a inauguraciones y ceremonias oficiales de distinto tipo, todo aquello para lo que tiene que verse muy bien y actuar el mejor papel de su vida, porque está cumpliendo con la función pública de apoyar a la presidencia de la República, y no nada más al presidente. Bueno, hasta cuando publican sus fotos en las revistas de papel cuché está cumpliendo una función pública: mostrar lo bien que se viste y que se peina la esposa del presidente de los mexicanos. ¿Es en nuestro interés? Tampoco entiendo ¿por qué sonríe Andrade?