El juez federal Francisco Peñaloza dejó este lunes sin efectos las medidas cautelares dictadas en septiembre de 2013, que prohibían la liberación al ambiente de maíz transgénico, informaron fuentes del Poder Judicial Federal.

La resolución fue impugnada previamente por la empresa estadunidense Monsanto, tercera perjudicada en un juicio de acciones colectivas, aunque es probable que en el análisis del fondo del juicio los quejosos puedan revertir los términos de la resolución judicial.

La resolución del juez Peñaloza se sustenta en opiniones científicas sobre los riesgos y beneficios de permitir la liberación al medio ambiente de organismos genéticamente modificados (OGM) del maíz.

En la orden de medidas cautelares, emitida el 17 de septiembre de 2013, el juez prohibió, tanto al gobierno federal como a las empresas del sector agroindustrial, realizar actividades tendentes a otorgar permisos de liberación al ambiente de OGM del maíz o efectuar procedimientos tendentes a la liberación comercial, piloto y experimental al ambiente de OGM del maíz.

Monsanto es una de las principales productoras de OGM a escala mundial y promovió un amparo en el que alegó que el juez Campos invadió atribuciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y violó el Código de Procedimientos Civiles, ya que otorgó las medidas cautelares sin escuchar opiniones técnicas y sólo con base en los dichos del grupo encabezado por la ingeniera agrónoma Adelita San Vicente, quien presentó la acción colectiva contra los OGM.

En atención a ese amparo, el juez Peñaloza pidió opiniones de investigadores de la Facultad de Ciencias, del posgrado en desarrollo rural y del Laboratorio de Genética Molecular, Epignética, Desarrollo y Evolución de Plantas de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco y de asociaciones ganaderas y agrícolas, además del Consejo Nacional Agropecuario.

Una vez que recibió la opinión de los expertos, el juez optó por cancelar las medidas cautelares, aunque eso no significa que el grupo promovente de la acción colectiva haya perdido el juicio, pues este continuará su curso.

En su demanda, los quejosos piden que el juez declare que la existencia de OGM de maíz en lugares y actividades donde no ha sido legalmente permitido ni autorizado implica el menoscabo del derecho humano de conservación, utilización sostenible y participación justa y equitativa de la diversidad biológica de los maíces nativos.