El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, y senadores de su bancada presentaron ayer las leyes secundarias para echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción, con el objetivo de que nunca más la investigación y sanción por actos de corrupción “recaigan en ningún empleado del presidente de la República, como fue el caso de la Casa Blanca; ni de ningún empleado de gobernadores o de alcaldes”, recalcó Anaya.

La presentación de las iniciativas de Ley General de Combate a la Corrupción y de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción se realizó en la vieja casona de Xicoténcatl, sede alterna del Senado, y en ese acto Anaya y los legisladores del blanquiazul estuvieron acompañados por representantes de organizaciones ciudadanas, como Fundar, Transparencia Mexicana, México Evalúa, el IMCO y académicos del ITAM, CIDE y la UNAM.

Ayer mismo, las iniciativas fueron presentadas en la Comisión Permanente y se turnaron a comisiones. El dirigente nacional panista resaltó que prácticamente todas las instituciones del Estado mexicano se han visto en franco declive: el INE, la CNDH, la SCJN, el Congreso y los partidos políticos.

Anaya agregó que el hartazgo ciudadano y su desilusión frente a las instituciones tiene dos explicaciones: la falta de resultados y la corrupción rampante. Se estima que la corrupción le cuesta a México 1.5 billones de pesos al año, esto representa 45 veces el presupuesto asignado a la máxima casa de estudios.

Con estas iniciativas se hará obligatorio que todos los servidores públicos hagan públicas sus declaraciones, patrimonial, fiscal y de interés; esas declaraciones deberán estar en una sola plataforma para que los ciudadanos las puedan consultar, lo mismo pasará con todos los contratos de obras y servicios federales, estatales y municipales que estarán en línea a través de una plataforma para que todos los ciudadanos los puedan conocer.

De igual forma, resaltó, se dotará de facultades más amplias a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que un órgano autónomo haga las investigaciones por corrupción y nunca más un empleado sea el responsable de investigar a su jefe, y “no se repita, como ocurrió hace unos días con el resultado que dio a conocer Virgilio Andrade sobre la Casa Blanca”.

Se planteará que las sanciones las aplique un órgano autónomo un Tribunal Superior de Justicia Administrativa y el Poder Judicial de la Federación.