nte los más recientes hechos trágicos que han cobrado la vida de cientos de migrantes que buscaban llegar a diversos países de la Unión Europea (UE), ésta convocó a los ministros de los Estados miembros a una reunión urgente, que habrá de realizarse el próximo 14 de septiembre, para buscar soluciones a lo que considera una crisis de inmigración. Cabe recordar que más de 200 personas murieron el viernes 28 cerca de las costas de Libia al hundirse dos barcos en que los cientos de refugiados intentaban atravesar el Mediterráneo para llegar a Europa; que dos días antes, 71 personas fallecieron asfixiadas dentro de un camión refrigerador en la carretera que une las capitales de Austria y Hungría, y que apenas ayer las autoridades austriacas anunciaron la intercepción de otro vehículo con 26 migrantes, de los cuales tres, menores, tuvieron que ser hospitalizados. En lo que va de este año al menos 2 mil 500 personas han muerto al intentar atravesar el Mediterráneo, el área fronteriza más mortífera en el mundo para los migrantes, ruta seguida por más de 310 mil refugiados que durante los pasados meses huyeron de la violencia o el hambre en sus países de origen.

A pesar de estos hechos, la mayor parte de los gobiernos del mundo, incluidos los de la UE, rehúsan admitir que la crisis de migración no consiste en la llegada de población extranjera a los países receptores de mano de obra, sino en la prohibición de los flujos migratorios, que deriva en la muerte o el encierro en estaciones de seres humanos que huyen de conflictos armados o regímenes totalitarios que amenazan su existencia.

Tal prohibición obstaculiza, criminaliza y convierte en peligroso un tránsito de personas que debiera ser reconocido como un útil y necesario mecanismo de compensación y atenuación de las asimetrías económicas globales. En este sentido, resulta deplorable la respuesta de Luxemburgo, país que ocupa la presidencia rotatoria de la UE: su propuesta se centra en la devolución de los migrantes a sus países de origen y en la búsqueda de mecanismos para impedir que lleguen a Europa.

Hay, ciertamente, una crisis mundial en curso: la de una embestida internacional de políticas antimigratorias que trasciende sistemas políticos, económicos e ideologías, y que mata a miles de seres humanos, pues hechos como los naufragios en el Mediterráneo no ocurren porque la gente emigre, sino porque está prohibido que lo haga. Esta política de criminalización de los migrantes resulta injustificable, de manera particular en este momento histórico caracterizado por la integración de un mercado y una sociedad que se pretenden globales y en los que ha sido impuesto el libre tránsito de mercancías y capitales

Ciertamente, las medidas en contra de los viajeros no se circunscriben a Europa occidental. En Estados Unidos se asiste a un incremento xenofóbico de la persecución en contra de los migrantes, cuyo arco va desde las declaraciones racistas del precandidato presidencial republicano Donald Trump hasta la concentración de mujeres y niños extranjeros en centros de detención irregulares y violatorios de los derechos humanos. En México mismo tienen lugar acciones intolerables de acoso, persecución y atropello a extranjeros, no sólo por parte de grupos de la delincuencia organizada, sino –más grave aún– por funcionarios del Instituto Nacional de Migración, e incluso en naciones que forman parte del esfuerzo integrador sudamericano florecen actitudes de rechazo a los migrantes.

La situación global de los viajeros constituye, en suma, un grave mentís a los propósitos civilizatorios formulados en décadas recientes y resulta imperativo que los organismos internacionales tomen cartas en el asunto para evitar la repetición de tragedias como las que han tenido lugar en días y meses recientes en el Mediterráneo o atrocidades como las perpetradas hace unos años en San Fernando, Tamaulipas. La Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas debiera convocar a una reunión urgente orientada a reducir las trabas al libre tránsito humano y a garantizar la vida y la integridad de quienes, por razones económicas, políticas o de otra índole, se ven forzados a abandonar sus países de origen.