Dos hechos y una afirmación marcarán el trecho recorrido por el presidente Enrique Peña Nieto para llegar a su tercer Informe de gobierno: la nueva fuga del mayor narcotraficante del país, Joaquín El Chapo Guzmán (11 de julio de 2015) y la devaluación del peso mexicano en alrededor de 27.7 por ciento. Quedará también para la posteridad la expresión del mandatario apenas el pasado 4 de agosto: ‘‘Hay países a los que les ha ido peor’’ en lo económico.

Con un cúmulo de 13 reformas constitucionales de gran calado, sobre las cuales el mandatario reitera en todos los foros que ‘‘ya empiezan a dar resultados’’, el año para cumplir la mitad del mandato presidencial transcurrió entre acontecimientos impactantes en los ámbitos de la seguridad pública y la economía. Pero en lo social tampoco ha sido un periodo de resultados halagüeños.

Optimista en sus discursos, el propio presidente Peña ha debido admitir el peso de la realidad nacional, y en uno de sus promocionales difundidos en estos días en radio y televisión señala: ‘‘Lo reconozco, México aún no se está moviendo a la velocidad que todos queremos. Hay tres frenos que lo impiden: la corrupción, la desigualdad y una situación mundial complicada que se refleja en la caída del precio del petróleo’’.

Un año antes

Hace exactamente un año, otro muy distinto era el ánimo del mandatario. En el mensaje de su segundo Informe de gobierno se ufanaba: ‘‘Si algo nos tiene que quedar muy claro es que éste no es es el país de antes. Éste es el México que ya se atrevió a cambiar’’.

Pero no había pasado un mes de esa expresión cuando, la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, ocurrió uno de los peores hechos de barbarie en la historia nacional: la captura y desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y la muerte, en ese mismo episodio, de seis personas más.

La abrumadora reacción de repulsa y exigencia de justicia ante este hecho, originalmente en manos de las autoridades judiciales de Guerrero, pasó después al gobierno federal y dos meses después –27 de noviembre– el propio Peña Nieto asumió el hecho como un imperativo del Estado mexicano y de nuevo desde Palacio Nacional se sumaba al grito de ‘‘¡Todos somos Ayotzinapa!’’

Los normalistas aún no aparecen y la sociedad sigue sin conceder veracidad a los resultados de la indagatoria presentados el 7 de noviembre de 2014 por el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

Por esas mismas fechas, el 9 de noviembre, el Ejecutivo y su esposa fueron colocados bajo los reflectores y el escrutinio público al revelarse –en un reportaje del equipo de Carmen Aristegui y publicado en La Jornada– la existencia de una mansión de 7 millones de dólares en la ciudad de México, comprada por Angélica Rivera a la Constructora Teya, del Grupo Higa, el cual ha realizado numerosas obras públicas desde los tiempos de la gestión de Peña Nieto como gobernador del estado de México. Más tarde también se sabría de la compra de otra casa –ésta en Malinalco– a esa misma compañía por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

El 3 de febrero de 2015, el presidente Peña nombró titular de la Secretaría de la Función Pública a Virgilio Andrade, con la encomienda de investigar si en la adquisición de las residencias se incurrió en conflicto de intereses. Pasaron más de seis meses y, el 21 de agosto pasado, el secretario determinó la inexistencia del mismo. La opinión pública en general no quedó satisfecha con el fallo, porque además confirmó lo que había previsto desde un principio.

Además de la fuga del Chapo Guzmán (11 de julio de 2015), los problemas de seguridad, sobre todo vinculados con la actuación de las fuerzas del orden, tuvieron registro frecuente: en septiembre del año pasado se reveló que el supuesto enfrentamiento del 30 de junio de 2014 entre secuestradores y militares en Tlatlaya, estado de México, con saldo de 22 civiles muertos, en realidad había sido una ejecución contra al menos 12 personas por parte de los uniformados.

Asimismo, el primero de mayo de 2015 la delincuencia paralizó puntos importantes de Jalisco y de estados vecinos; el cártel Jalisco Nueva Generación derribó, en un hecho inédito, un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional. Utilizó para ello un lanzacohetes y dejó 10 muertos. Semanas más tarde, el viernes 22 de mayo, en un rancho en Tanhuato, Michoacán, morirían en un enfrentamiento con la Policía Federal 42 sospechosos de haber participado en los hechos de Guadalajara, así como un uniformado.

Además, el 11 de julio ocurrió –por segunda vez– la evasión de un penal de máxima seguridad de Joaquín El Chapo Guzmán, quien había sido capturado por esta misma administración apenas el 22 de febrero de 2014, acción presumida entonces como ‘‘gran triunfo’’ de esta administración. Esta vez, el complejo sistema utilizado para la fuga desde su propia celda a través de un túnel llevó a identificar, además de una falla en las instituciones de seguridad del ámbito federal, la existencia de redes de corrupción y complicidad.

Con todo, Peña Nieto ha sido persistente en su discurso para hablar de avances y logros. Recientemente informó la reducción de 24 por ciento en la tasa de homicidios dolosos, la creación de redes ciudadanas en 80 comunidades de alta incidencia delictiva y la recuperación de 2 mil 300 espacios públicos.

En el plano económico, la administración peñista ha resaltado la llegada de 82 mil millones de dólares vía inversión extranjera directa y la creación de un millón 400 mil empleos formales.

Más pobres

Sin embargo, hay otros indicadores: entre 2012 y 2014, el número de pobres en el país creció en 2 millones y coloca en tal condición a 55.3 por ciento de los 122 millones de habitantes, según cifras difundidas apenas en julio pasado por el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social).

Finalmente, y en una acción que incluyó no pocas sorpresas, el presidente Peña realizó el 27 de agosto una serie de cambios y ajustes en su gabinete, donde incluyó dos de las áreas prioritarias de su proyecto de gobierno: la educación y la seguridad.

Así, envió a la Secretaría de Educación Pública a Aurelio Nuño, uno de sus hombres de mayor confianza, y destituyó al comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, a quien precisamente se adjudica buena parte de la responsabilidad en la fuga de Guzmán Loera.

Cuando hace un año el presidente Peña cumplía por segunda vez su obligación de informar del estado que guarda la nación, en operaciones al mayoreo el dólar se compraba a 13.07 pesos; hoy, en su tercera cita, la moneda estadunidense ronda los 16.76 pesos.