En tres años, la Cámara de Diputados utilizó discrecionalmente 3 mil millones de pesos y ayer los grupos parlamentarios de PRI y PAN ofrecieron terminar con la opacidad en el manejo del gasto y los ‘‘rubros ocultos’’, pero ese compromiso no se extenderá a suprimir beneficios como vales de despensa, aguinaldos, seguros médicos y fondo de ahorro, que completan la dieta (salario) de los legisladores.

La semana anterior, los diputados de Morena y Movimiento Ciudadano anunciaron que renunciarán a los seguros y ayer el coordinador del PRI, César Camacho Quiroz, dijo que ‘‘hay que entrarle de frente y sin resistencia’’ al cambio de reglas en el manejo del dinero, pero también ‘‘quitar de enmedio algunas expresiones que para mi gusto tienen un tufillo demagógico’’.

Durante las sucesivas presentaciones de la cuenta pública, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó a los diputados de la opacidad en la entrega y reparto de las subvenciones y, como parte de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las bancadas se comprometieron a ventilar el uso de los fondos, pero le dejaron esa responsabilidad a la 63 Legislatura, que hoy da inicio a sus trabajos.

Así, los diputados se repartieron un promedio de mil millones de pesos anuales por subvenciones ordinarias y extraordinarias; estas últimas, según la ASF, perdieron ese carácter y se volvieron regulares. De esos fondos, por ejemplo, el Partido Verde destinó una parte a financiar sus espots en la campaña pasada.

Hasta ahora, el reparto del dinero depende únicamente de la voluntad de cada coordinador, que para comprobar el gasto sólo tiene que firmar una hoja. Los diputados reconocen que los coordinadores y sus administradores manejan las subvenciones sin vigilancia.

Ayer, en la presentación de un informe legislativo realizado por una consultora privada, Camacho Quiroz y el coordinador del PAN, Marko Cortés Mendoza, reconocieron que el Legislativo es el único de los tres poderes que exige transparencia al Ejecutivo y al Judicial, pero no la practica puertas adentro de sus recintos.

Sin embargo, el priísta consideró que los diputados que han renunciado a sólo dos de las prestaciones vinculadas al cargo de diputado, el seguro de vida y el de gastos médicos mayores, tienen por objeto ‘‘ganar prosélitos o simpatías. Parecen postular cuestiones valientes, cuando lo que hay que postular son cuestiones justas, no sólo legales, sino que den mayor legitimidad’’ al Poder Legislativo. Reconoció que mientras el Ejecutivo ha sido ‘‘desmembrado’’ para dar paso a los órganos autónomos, y el Judicial se reformó desde 1994, el Legislativo sólo ha admitido ‘‘remiendos’’.

El Congreso y sus integrantes son de los peor evaluados por la ciudadanía y ante ello Camacho expuso que se requiere de una ‘‘reingeniería en transparencia y rendición de cuentas’’, así como la operación de sus comisiones, el gobierno interior y la conducción de los grupos parlamentarios.

Cortés Mendoza anunció que su bancada solicitará auditorías a despachos externos y pedirá lo mismo de los otros grupos, porque el Congreso ‘‘recibe y asigna enormes cantidades de recursos de los que no informa ni hay claridad en su destino’’.

En ese escrutinio, alertó, ‘‘habrá algunas resistencias por parte de quienes se han conducido en la opacidad, aquellos que nos les conviene que se sepa en qué se gastan los cuantiosos recursos públicos que reciben. El Congreso no puede exigir a otros lo que no puede y quiere exigirse a sí mismo’’.

Ambos señalaron que si no han entrado en vigor para el Poder Legislativo las disposiciones de la Ley General de Transparencia, se debe a que todavía no se cumplen los plazos legales dispuestos en los artículos transitorios, que los ahora ex diputados modificaron de última hora para que no se les aplicaran a ellos.

‘‘Las obligaciones en cuanto a los recursos que se asignan a los legisladores son un pendiente. No hay cabida para que nos otorguemos plazos extraordinarios distintos al resto de los sujetos obligados’’, reconoció Cortés Mendoza.