Concluida la 62 Legislatura, ayer fue el último día para que los grupos parlamentarios hicieran entrega de todos los bienes, oficinas y la devolución de los 130 automóviles que utilizaron desde diciembre de 2012, así como las tarjetas IAVE que permitieron viajar a los 500 diputados federales por las carreteras sin pagar peaje.

Este 31 de agosto terminó la vigencia del contrato DGAJ-169/2012, suscrito el primero de diciembre de 2012, con el que la cámara requirió a la empresa Casanova Rent el arrendamiento de 130 automóviles Toyota Corolla para el disfrute de los legisladores, y que desde hoy forman parte de los activos en San Lázaro. Por ello, los ex diputados no los pueden conservar.

La cámara optó por la figura de arrendamiento, en lugar de comprar los autos, con un contrato que representó un desembolso de 57 millones 396 mil pesos en mensualidades, que encareció el valor de las unidades. Arrendar cada una costó 441 mil 507 pesos, cuando la versión de lujo del Corolla actualmente se vende a 323 mil 100 en agencias.

Los autos se distribuyeron de la siguiente forma: 78 para diputados y 52 para los grupos parlamentarios, que a su vez los entregaron discrecionalmente. Uno de ellos incluso se le otorgó al diputado del PT –ahora de Morena– Manuel Huerta, uno de los más críticos en San Lázaro.

Los ex diputados desalojaron ya las oficinas. Donde impera un ambiente de incertidumbre es en las del Partido del Trabajo, porque los empleados no han recibido su finiquito y sólo recibieron la promesa de la coordinadora administrativa, Laura Hernández, de que ‘‘esta semana’’ quedará saldada la liquidación.

El ex coordinador y ex dirigente del PT Alberto Anaya Gutiérrez ya no se presentó ante los trabajadores. Se le vio el sábado y Laura Hernández aseguró que su instrucción fue pagar a los colaboradores, entre éstos las señoras que atendían la cocina del grupo.

La inseguridad de los empleados de un partido que durante 15 años explotó el lema del trabajo se debe a que no están registrados en nómina. Su pago era en efectivo y no existe ningún recibo que ampare la relación patronal.

Durante tres años, también los diputados utilizaron una tarjeta IAVE, que originalmente tenía cobertura en las carreteras administradas por Caminos y Puentes. Sin embargo, a solicitud del priísta José Manzur, actual secretario de Gobierno del estado de México, el beneficio se ‘‘ligó al sistema de cobro Viapass’’, que incrementó el costo en 200 pesos por legislador.

Lo único que los diputados no están obligados a regresar es el fistol de oro de 14 kilates que recibieron al inicio de la legislatura. Cada uno costó 3 mil 310 pesos, un total de un millón 655 mil pesos.