Pese a la masiva violencia que existe en el estado de Guerrero y la casi total impunidad que hay para sancionar los delitos, no se observa voluntad política para enfrentar esta realidad creciente, aseguró la Open Society Justice Initiative.

En su informe Justicia fallida en el estado de Guerrero, la fundación, con presencia en países de todas las regiones del mundo, señala que la violencia e impunidad persistentes en esa entidad tienen profundas causas políticas y también estructurales. Sin embargo, hasta ahora, las autoridades se han negado a aceptar suficientemente esta realidad, pese a los hechos ocurridos en septiembre pasado, con la desaparición forzada de normalistas de Ayotzinapa.

Esta atrocidad se convirtió en símbolo de la incapacidad de México de proteger a sus ciudadanos de homicidios y desapariciones, así como para investigar y sancionar a los culpables, señala el informe de la fundación, en el que también trabajaron los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de La Montaña Tlachinollan, desde 2013.

En entrevista, James Goldston, director ejecutivo de Open Society Justice Initiative, destaca que el informe, que será presentado oficialmente este miércoles en Chilpancingo, Guerrero, analiza los factores que subyacen en esta incapacidad del Estado mexicano, y ofrece recomendaciones para cambiar la situación.

El resultado de más de dos años de investigación y análisis por parte de expertos nacionales e internacionales se condensa en este informe, que ofrece el estudio más exhaustivo hasta la fecha de las deficiencias estructurales del sistema de justicia de Guerrero; fallas que han permitido a los autores de la violencia actuar con casi absoluta impunidad.

Además, señala que el caso de Guerrero es el ejemplo más extremo de violencia, pero no es el único. La fundación trabaja ya en otras entidades del país que enfrentan problemas de violencia. Informes similares se han realizado en países como República Democrática del Congo, Uganda y Kenia.

El informe de 93 páginas contiene también una serie de recomendaciones, entre las cuales están la urgente creación de un vicefiscal que asuma la tarea de las investigaciones de violaciones a los derechos humanos, la conformación de equipos integrales y multidisciplinarios para la búsqueda de personas desaparecidas, y una restructuración de los cuerpos policiacos en el estado, entre muchas otras sugerencias.