enunció el presidente. El de Guatemala. Descubrieron una red de corrupción tejida y protegida desde la Presidencia de la República. En Guatemala. El Congreso determinó, a partir de una investigación de las trapacerías de los gobernantes, retirar la inmunidad al presidente (ya antes había renunciado y había sido detenida la segunda figura en el mando político, la vicepresidenta) y luego se determinó su encarcelamiento provisional en un cuartel de Matamoros. En Guatemala.

David Korenfeld (ex director de Conagua que hubo de renunciar cuando una fotografía lo mostró en uso de un helicóptero oficial para traslados familiares) y Juan Armando Hinojosa Cantú (dueño del Grupo Higa, dador de residencias en condiciones con tufo a corrupción a políticos de altísimo poder que le habían dado y le siguen dado contratos sumamente ventajosos) asistieron con absoluta tranquilidad al mensaje de su amigo Enrique Peña Nieto este miércoles en Palacio Nacional. En México. No hay denuncia ni investigación que produzcan consecuencias serias para ningún político de los muchos que roban el dinero público de manera descarada, o celebran contratos o dan concesiones bajo el riguroso sistema de cuando menos el diez por ciento de los montos como comisión extraoficial y en efectivo para el ganador. En México. En todo caso, quienes denuncian y prueban las pillerías en curso son desoídos, marginados y castigados, como sucede en todo el país con movimientos sociales cuyos líderes son asesinados o desaparecidos, o con periodistas o defensores de derechos humanos que son despojados de sus tribunas o plataformas de trabajo o, también, asesinados o desaparecidos. Todo, en México.

Cierto es que en Guatemala las protestas populares contra el general genocida Otto Pérez Molina fueron aprovechadas por la embajada estadunidense, abiertamente injerencista, para castigar a un gobierno corrupto (que seguiría contando con el apoyo gringo si no hubiera coqueteado con una diversificación favorable a Rusia) y para garantizar la continuidad del régimen en lo esencial (habiendo extirpado la anomalía geopolítica intentada por Pérez Molina), mediante el proceso electoral de este domingo, del que saldrá otro presidente absolutamente aceptable para Washington y para los grupos dominantes de la desigual sociedad guatemalteca (¡ah!, las elecciones, allá como acá, con el factor EU y las mafias del poder como determinantes mientras la lucha en las urnas no tenga sustento en la construcción de auténticos movimientos populares echados para adelante).

Mientras tanto, en México, a los expedientes oscuros ya conocidos se añadió gozosamente este miércoles el anuncio de nuevas formas de endeudamiento público que permitirán al actual gobierno (caracterizado por actos de corrupción luego disueltos jurídicamente por contralorías, auditorías superiores y secretarías de la función pública) gastar como nunca y encubrir como siempre. Los bonos que pretende colocar el peñismo mediante la Bolsa Mexicana de Valores, para impulsar mejoras en la infraestructura educativa nacional, constituyen llanamente una peligrosa oportunidad de manejo de una bolsa enorme de recursos para lucimiento de un favorito de Los Pinos (Aurelio Nuño, nuevo titular de la SEP), al que se quiere construir una aureola de candidato presidencial, en procesos de asignación de obras (obra, que algo sobra, es la conseja clásica) y de construcciones degradadas (los contratistas sacrifican la calidad de los materiales y las buenas hechuras para completar así las bolsas de valores monetarios que han de entregar a los políticos y funcionarios a quienes sólo importan esas comisiones corruptas y la foto de la inauguración).

Los bonos educativos han sido bienvenidos generosamente por Claudio X. González, televisivo dirigente de Mexicanos Primero, el instrumento de confrontación de grandes capitales contra los profesores sindicalizados que defienden el esquema de la escuela pública. González ha sido condescendiente con el negocio por venir: no vemos que esté peleada la toma de esta deuda con la otra deuda que tenemos con las escuelas del país, y que es gigantesca (¿”populismo” de cuello blanco?). Otro gran negocio (para mandíbulas acostumbradas a esos platillos de corrupción gourmet) es el de los instrumentos financieros de entre los que destaca el llamado Fibra E, que será usado por el peñismo para conseguir recursos (deuda, más deuda, que pagarán los gobiernos del futuro, si es que queda futuro) para financiar proyectos, obras, investigaciones y cuanto rubro justificatorio se les ocurra a los comisionistas gubernamentales desde la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

En otro tema: a estas alturas la única instancia que mantiene credibilidad en cuanto a investigación de los sucesos de Iguala del pasado 26 de septiembre es el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que mediante un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno mexicano y los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos ha indagado durante seis meses y rendirá un informe final el próximo domingo.

Ayotzinapa, investigación y primeras conclusiones es el título de dicho reporte oficial, que podrá ser visto en www.giei.info a partir de las 10 de la mañana. Ya antes se han mencionado las fallas procesales, pérdida de material (entre éste, un video que se presume habría sido de gran importancia), recuperación de ropa de los estudiantes (extrañamente olvidada o desatendida) e incluso la negativa absoluta del gobierno peñista a que 16 militares con base en Iguala fueran entrevistados de manera libre y directa por el grupo formado por el chileno Francisco Cox, la guatemalteca Claudia Paz y Paz, el español Carlos Beristain y los colombianos Alejandro Valencia y Ángela Buitrago, en quienes reside la última esperanza fundada de encontrar certezas en la maraña burocrática y jurídica creada alrededor de un caso cuyas responsabilidades van más allá del plano municipal o regional. ¡Hasta el próximo lunes!

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