odo parece una burda trama de mafiosos de barrio que por torpeza se cuidan poco las espaldas, como que tienen un teléfono al que pueden llamar los interesados en negociar el contrabando de mercancías en las aduanas. Pero no se trata de una banda formada por codiciosos burócratas de segunda, que se meten al bolsillo unos cuantos miles a costas de lo que debería percibir el erario nacional. Son millones de millones los esquilmados en impuestos de importación, al punto de descalabrar las finanzas públicas.

La red de delincuentes es de tan alto nivel, que la encabeza nada menos que el presidente de la República, al que en su argot llaman el número 1, o el mero mero, o el dueño de la finca; y la vicepresidenta, la número 2, se ocupa de manejar el día a día del negocio. Ambos perciben una mitad de las ganancias, y se lo reparten equitativamente. La otra mitad va a dar a los bolsillos de los funcionarios involucrados. El público conoce ahora a la banda como La Línea, por la línea de teléfono designada para las transacciones.

Todo ocurre en Guatemala, y el escándalo estalló en abril de este año, cuando se presentaron las primeras evidencias contra la vicepresidenta Roxana Baldetti. Obligada a renunciar, y ahora en prisión, está siendo procesada por los delitos de asociación ilícita para delinquir, defraudación aduanera y cohecho pasivo; y se han reunido pruebas suficientes para enjuiciar por los mismos cargos al presidente Otto Pérez Molina, quien se acerca al final de su mandato, y se resiste a dejar el cargo, abandonado por la mayoría de sus ministros después de que la Corte Suprema ha autorizado unánimemente su enjuiciamiento por el Congreso Nacional.

Desde que se conocieron las acusaciones contra la vicepresidenta, un movimiento ciudadano comenzó a tomar cuerpo con vigor inusitado, y al revelarse lo que todos sospechaban, que el presidente de la República era el jefe de la banda, el país, sin excepciones visibles, demanda su renuncia: la Iglesia católica, las iglesias evangélicas, las organizaciones de empresarios, los sindicatos, las universidades, los gremios profesionales, los maestros, estudiantes, empleados públicos, los medios de comunicación.

Una oleada cívica incontenible ha desbordado las calles de la capital y de las principales poblaciones, miles y miles de ciudadanos indignados ante esta trama obscena de corrupción, como no se veía desde que manifestaciones similares salieron a exigir la renuncia del dictador Jorge Ubico, que terminó yéndose al exilio en julio de 1944. El fin de aquella dictadura abrió el periodo de la revolución democrática en Guatemala.

Y se probó esa vez que hay en Centroamérica un sistema de vasos comunicantes: las protestas en las calles sacudieron también El Salvador, donde el dictador Maximiliano Hernández Martínez resultó derrocado, y las dictaduras de Somoza en Nicaragua y Carías en Honduras fueron remecidas. Hoy, en Honduras la gente sale también de manera masiva a las calles a protestar contra la corrupción.

Cuando uno mira el desolado panorama de los países centroamericanos, los acontecimientos de Guatemala dan motivos de grandes esperanzas: democracias que a duras penas se sostienen bajo el peso de los viejos vicios del poder, el caudillismo rampante y la corrupción crónica e impúdica; pandillas juveniles convertidas en verdaderos ejércitos de delincuentes que desafían al Estado con su propio poder basado en el terror; el narcotráfico con sus garras sucias que pervierte todo lo que toca; la violencia contra los periodistas que pagan con sus vidas el derecho de informar a los ciudadanos; el negocio atroz del tráfico de indocumentados, el sicariato, la impunidad, la justicia como remedo.

Y de pronto, una rebelión cívica, sin un solo hecho de violencia, en un país donde la represión política ha desembocado a lo largo de su historia en asesinatos, desapariciones y cementerios clandestinos, convocada a través de las redes sociales por jóvenes que prefieren el anonimato para no dar pretexto a ningún protagonismo oportunista. Grandes esperanzas, porque una sociedad sometida por largos años a la inseguridad y al terror, ha terminado perdiendo el miedo para volver con integridad y valentía por sus fueros democráticos. Una rebelión en las calles por la decencia. ¿Cómo no tener grandes esperanzas?

¿Y cómo ha sido posible que un gobierno corrupto, que en la voz del arzobispo de Guatemala, Óscar Julio Vian Morales, roba a los pobres con desfachatez, con un presidente que viene de las filas militares represivas, y llegó a la presidencia bajo el lema de mano dura, no haya sido capaz de someter a jueces y fiscales, como es tan común en estas tierras?

Ayuda a explicarlo que Guatemala es el único país donde existe una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), creada por un acuerdo suscrito en 2006 entre el Estado y Naciones Unidas. La comisión, que tiene carácter internacional y es independiente, está facultada para llevar adelante investigaciones contra funcionarios públicos a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), como lo hizo en 2008 al poner tras las rejas al ex presidente Alfonso Portillo por actos de corrupción y malversación.

El general Pérez Molina, al negarse a renunciar a la presidencia, se quejó de que no es aceptable que en Guatemala se pretenda instalar una estrategia intervencionista que tiene como objetivo dictarnos qué hacer o dejar de hacer y quebrantar la democracia. La sociedad civil, al contrario, respalda plenamente a la comisión como una garantía de que los crímenes ocultos, como este de La Línea, no quedarán impunes.

Para su mal, son los investigadores de la comisión los que intervinieron los teléfonos de los implicados, y presentaron a los jueces las transcripciones de las conversaciones mafiosas. En una de ellas, el propio Pérez Molina da órdenes a un funcionario de aduanas, miembro de la banda.

El último capítulo de esta historia no ha concluido. La gente seguirá en las calles. Un rótulo en la puerta de un restaurante cerrado en respaldo de las marchas lo dice mejor: Preferimos perder dinero a perder el país.

Lima, septiembre 2015

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