l 31 de agosto en Casa Lamm tuvo lugar un panel del que tomo el título para esta colaboración en La Jornada. Participamos el doctor Enrique Calderón Alzati, de la Fundación Galileo; la doctora Antonia Candela, del Cinvestav; la maestra Martha de Jesús López Aguilar, de la sección 9 de la CNTE, y quien esto escribe. Coincidimos en señalar que la llamada reforma educativa es un proceso del gobierno federal que busca convertir la educación que presta el Estado en cumplimiento de un derecho fundamental de los niños y jóvenes, en un negocio en manos de escuelas privadas para los privilegiados y en una organización llamada de autogestión
, en la que padres de familia y maestros tendrán que hacerse cargo de los gastos o buena parte de ellos, en las escuelas públicas, en las que estudian quienes no pueden pagar altas colegiaturas.
Coincidimos también en apuntar que otro objetivo de la reforma es desmantelar la organización de los maestros que se oponen al atentado y someterlos, mediante todo tipo de presiones, entre ellas amenazando su seguridad en el empleo y en caso extremo, usando la fuerza pública para sujetarlos.
En mi turno manifesté, y ahora comparto con los lectores, que el sistema
pretende dos tipos de educación, una para las élites y otra para el resto de la población. Para ello, difunde y exalta como valor supremo de la sociedad la competitividad
; se educa a las clases altas para que sean competitivas y a la población marginada o menos favorecida se le entrena para que sus integrantes sean aptos para colaborar con los privilegiados en un plano inferior y desigual. El modelo distingue dos clases de persona, los triunfadores y los perdedores.
Se pone la competencia como proceso social básico en la convivencia de la colectividad, lo que lleva necesariamente a crear diferencias sociales cada vez mayores. En los procesos competitivos, que tanto exaltan el primer mandatario Peña Nieto y sus colaboradores, siempre alguien gana y muchos pierden.
El otro modelo educativo, el que se defendió en el panel de Casa Lamm, es el que impulsó la Revolución Mexicana, a partir del artículo tercero de la Constitución de 1917, que apunta como un deber del Estado responsabilizarse de la educación; esa misma convicción, fundada en la justicia y en la búsqueda de la igualdad entre todos, movió al secretario de Educación Pública José Vasconcelos, al inicio de la década de los años 20, a fundar la secretaría del ramo y a emprender toda una revolución cultural y educativa, hoy traicionada.
Vasconcelos entendió que el derecho de todos a recibir educación y cultura tiene como contrapartida una carga del Estado, que es la que el sistema actual pretende desconocer para que se eduquen sólo quienes puedan costearse los estudios, con lo que se rompen principios básicos de solidaridad humana de igualdad y de justicia social. Todos los niños y jóvenes mexicanos tienen derecho a la escuela, no sólo a la elemental, sino en todos los grados posibles y en la medida de su voluntad y su capacidad; atinadamente, el Constituyente de 1917 colocó la educación dentro del capítulo de las garantías individuales, como un derecho fundamental que no puede ser ni desconocido ni atropellado.
Quienes en el régimen actual están al frente de la educación pública tienen la obligación derivada del precepto mencionado, de garantizar, a todos los que lo requieran, el derecho a ser educados, a recibir información, formación y capacitación para la convivencia, el trabajo y la solidaridad.
La reforma constitucional aprobada en 2008 no desconoció los principios en que se funda el artículo tercero; siguen vigentes los que afirman que la educación será democrática y más que un régimen político o una estructura jurídica, es un sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; se conservó sin alterarse el principio de que será nacional, y la finalidad de que contribuirá a la convivencia humana.
El inciso d) agregado en la citada reforma no está a la altura de los otros preceptos, ni en redacción ni en elevación de miras; agrega tan sólo que la educación será de calidad
, término tomado de la mercadotecnia, que sale sobrando; que sea de calidad
es un pegote mal puesto; no agrega nada, en todo caso, es un intento de cambio soterrado o disimulado.
El modelo que impulsó la Revolución Mexicana y el artículo tercero aún vigente no supone como valor supremo la competitividad, proceso social inferior que puede ser útil circunstancialmente, pero que no es el más valioso o elevado para la convivencia; nosotros, conforme a nuestra Carta Magna, a nuestra tradición, exaltamos los valores de la solidaridad, la cooperación y la igualdad de los mexicanos. Competir es un proceso disyuntivo que enfrenta a las personas y afloja los lazos sociales; cooperar es un proceso que afirma los lazos de solidaridad y hace fuertes y felices a las comunidades.
