Tras conocerse el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) exigieron al gobierno de México llevar a la justicia a los responsables de las fallas en las investigaciones y abordar de manera inmediata las deficiencias descubiertas en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Al ser presentado el documento de los expertos sobre los ataques a estudiantes el 26 y 27 de septiembre pasado, donde se desestima que los normalistas desaparecidos hayan sido incinerados en el basurero de Cocula, líderes partidistas también emitieron sus opiniones.

El dirigente nacional de Morena, Martí Batres, consideró que la verdad histórica que en su momento presentó sobre el caso Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), fue realmente una obstrucción a la investigación, y señaló que el gobierno de Enrique Peña Nieto está reprobado en derechos humanos.

Con el caso Ayotzinapa, el nombre de México cayó por los suelos; el tema es de prioridad nacional, pues está de por medio el prestigio del país, indicó.

Para el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, mientras continúen sin aparecer los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y mientras sigamos sin conocer la verdad de lo ocurrido en Iguala, el caso sigue siendo una herida abierta para México.

AI consideró que los resultados del informe del GIEI dejaron al descubierto la “absoluta incompetencia y la falta de voluntad del gobierno federal para encontrar y castigar a los responsables.

La revelación del grupo de expertos sobre la incongruencia de la teoría de que los normalistas fueron incinerados en un basurero resalta la necesidad de rencaminar las investigaciones de manera urgente, señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.

Para HRW México, deberían abordarse inmediatamente las fallas en la investigación, y llevar a los responsables de alguna presunta omisión ante la justicia.

La PGR debería investigar de inmediato las denuncias de graves abusos y la obstrucción de la justicia que planteó un grupo de expertos internacionales que evaluó la investigación oficial sobre las desapariciones.

El PRD exigió que se reabran las investigaciones, de acuerdo con lo señalado por los sobrevivientes del ataque a los estudiantes y los padres de familia, y que las pesquisas abarquen a la Policía Federal y al Ejército Mexicano.

Que se incorporen los elementos claves presentados por el grupo de expertos independientes, demandó Carmen Vera, secretaria de derechos humanos del PRD.