La Subprocuraduría de Delitos Federales, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), tiene en sus filas ‘‘a los mejores hombres y mujeres, a los más capacitados y a los que garantizan la debida lealtad, respeto a la ley y cumplimiento eficaz de su labor’’, aseguró el maestro en derecho José Guadalupe Medina Romero, titular de esa instancia desde el pasado 23 de marzo, en que rindió protesta al cargo tras ser invitado por la procuradora Arely Gómez para colaborar en su círculo cercano.

En el caso específico del abogado Carlos Zapico Esquivias, quien fue designado fiscal especial para el combate a la corrupción por el propio Medina Romero, el subprocurador sostuvo que ‘‘independientemente de su amplia experiencia como servidor público y abogado, ha acreditado todos los controles de confianza de la institución’’.

Entrevistado en sus oficinas de la PGR, Medina Romero aclaró que la fiscalía a cargo de Zapico tiene ‘‘atribuciones y facultades limitadas’’, y depende directamente de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia.

‘‘Hay que esperar a que el Senado designe al nuevo fiscal anticorrupción, el cual tendrá facultades no de fiscal especial, sino de suprocurador especializado y sólo rendirá cuentas a la procuradora’’, puntualizó el funcionario, quien durante más de dos décadas ha sido catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con múltiples cursos en materia de derechos humanos.

En otro tema, en respuesta a las críticas de abogados penalistas y activistas que en diversas entrevistas con este diario cuestionaron el que la Subprocuraduría de Delitos Federales haya iniciado una ‘‘limpia’’ que presuntamente busca enviar al archivo muerto la mayoría de las averiguaciones previas desahogadas en esa área de la PGR, Medina Romero aclaró que lo que está implementando la dependencia a su cargo es el Programa Integral de Abatimiento del Rezago 2015.

Se trata de una estrategia que se inició el pasado primero de mayo y que ‘‘tiene como objetivo general, en una primera etapa, reducir el número de averiguaciones en trámite que cuentan con una antigüedad de 15 años. Por este motivo hemos revisado ya mil 719 averiguaciones previas, de las cuales sólo 22.5 por ciento han sido enviadas al archivo temporal o reserva técnica. De ninguna manera podemos hablar de que sean la mayoría’’, destacó Medina Romero, quien fue uno de los 33 abogados que contendió en diciembre de 2014 en el Senado como candidato a fiscal anticorrupción.

Sobre la fiscalía especializada en el combate a actos de corrupción cometidos por servidores públicos, dijo: ‘‘Esa fiscalía aún no existe, y a diferencia de la que encabeza el abogado Carlos Zapico Esquivias conjuga una serie de aspectos mucho más amplios, además de su plena autonomía, por lo que en su momento la estructura actual pasará a formar parte del nuevo órgano, ya que tendrá el nivel de subprocuraduría especializada’’.

Hasta en tanto eso no ocurra, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia ‘‘continuará persiguiendo los ilícitos cometidos por los funcionarios federales que sean encausados penalmente por las instancias competentes’’.

El pasado 31 de agosto, este diario publicó diversas posturas de abogados y activistas defensores de derechos humanos y expertos en temas de corrupción, quienes cuestionaron que ante la falta de acuerdos en el Senado, que impidieron en diciembre de 2014 nombrar al fiscal anticorrupción, el subprocurador Medina Romero hubiera nombrado en el cargo de fiscal especial a Zapico Esquivias, abogado que carece de experiencia en derecho penal, de acuerdo con su ficha curricular.