El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregar toda la información relacionada con los bonos emitidos por el gobierno mexicano desde 1976 hasta el 29 de junio de 2015, desglosando la tasa de interés con la que fue lanzado cada uno de ellos, al igual que especificando la fecha de su ­vencimiento.

Mediante una resolución del pleno del Inai se determinó revocar la respuesta que Hacienda ofreció a un particular al que le remitió la información relacionada con la deuda pública del gobierno mexicano, sin ninguna especificación relacionada sobre cuánta de esta deuda obedecía a los bonos emitidos, como solicitaba la persona interesada en esos datos.

Durante el procedimiento, la SHCP aseguró que sólo tenía en su poder información relacionada con operaciones constititutivas de deuda pública vigentes, misma que es consultable en el portal de la propia dependencia. Precisó que al emitirse los bonos, no tienen obligación de elaborar un documento específico para responder a este requerimiento, aunque sí garantizar el acceso a la información.

Del análisis producido por el Inai se desprende que la SHCP tiene como parte de sus responsabilidades notificar al Presidente sobre los bonos que habrán de ser emitidos como forma de financiamiento. Se advirtió que, mediante diversos decretos, se ha autorizado a la dependencia para emitir esos bonos, como una alternativa de inversión idónea para autoasegurar ingresos estables.

Se concluye que la SHCP cuenta con toda esta información de estos bonos desde 1976 y conoce la tasa de interés, el porcentaje del precio de emisión que se va recibiendo periódicamente y su fecha de vencimiento. Asimismo, hay elementos legales que así lo confirman, como la Ley General de Deuda Pública y el decreto por el que se autoriza a la dependencia a emitir bonos.

En la actualidad, la emisión de bonos de deuda sigue utilizándose como instrumento para financiar el desarrollo del país, impactando el presupuesto público. Sin embargo, también muchos de esos compromisos que en su momento se pactaron, de acuerdo con esta posibilidad, han llegado al momento de ser exigibles, renegociados o incluso pagados, por lo que la información relativa a los mismos continúa teniendo vigencia, consideró el comisionado Rosendo Monterrey al justificar su proyecto de resolución que fue aprobado.