El PRI abrió la posibilidad de un acuerdo en el Senado en torno al caso Ayotzinapa, al aceptar que se discuta la propuesta de la oposición de crear dos fiscalías especiales, una para llevar a cabo la investigación sobre los 43 normalistas desaparecidos y otra que trabaje exclusivamente en su localización.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Emilio Gamboa Patrón, informó que se acercan a conciliar un documento en ese sentido, pero no se concretó ayer, ya que no pudo estar presente el coordinador del PAN, Fernando Herrera.

Agregó que convocará a reunión para hoy, en caso de que puedan asistir todos los coordinadores, o el lunes próximo, para discutir básicamente la creación de las dos fiscalías, una que investigue los hechos con anterioridad y la segunda para que ayude a localizar a los desaparecidos.

Aunque la Junta de Coordinación lo apruebe, la discusión ante el pleno tendrá que esperar al próximo jueves 18, en que volverá a sesionar el Senado luego del puente de las fiestas patrias.

Al respecto, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, reveló que junto con los representantes de PAN y PT le advirtieron a Gamboa que si el PRI no avala el acuerdo lo harán ellos y llevarán la discusión al pleno el próximo jueves, donde pueden ganar la votación. Precisó que Gamboa aceptó que se integrara una comisión plural de legisladores.

Esta instancia redactará un documento que, además de la creación de las dos fiscalías, plantea que el presidente Enrique Peña Nieto escuche a los familiares de los normalistas, y la formación de una comisión del Senado para dar seguimiento a las investigaciones.

Al respecto, el senador Alejandro Encinas, del grupo parlamentario de PRD, advirtió que el acuerdo debió concretarse ayer, ya que el Senado no puede mantenerse en la indefinición y debe honrar la palabra que dio ante el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los padres de los normalistas, a fin de impulsar la Fiscalía Especializada para el Caso Iguala.

Expuso que aunque  la fiscalía dependerá de la Procuraduría General de la República (PGR), porque ésta tiene el monopolio de la procuración de justicia, existen mecanismos de supervisión y de control legislativo, a través del Congreso y también de organismos internacionales, como la OEA.

Recalcó que al frente de la misma debe estar un fiscal que goce de la independencia y autonomía suficiente para que recupere la credibilidad de la investigación en torno a la desaparición de 43 normalistas y el asesinato de seis jóvenes, hace casi un año en el municipio de Iguala.

Por separado, en conferencia que ofreció por la tarde, Gamboa Patrón comentó que su bancada avala la creación de las dos fiscalías especiales. Se trata de un planteamiento de los padres de los normalistas, impulsado también por el PRD y el PAN.

Lo que los priístas no aceptarán, definió, es la demanda de panistas y perredistas de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, comparezcan para hablar exclusivamente sobre las investigaciones del caso Ayotzinapa., toda vez que están citados para la glosa del tercer Informe presidencial.

El PRI tampoco avala la propuesta del PAN de que un fiscal internacional, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se haga cargo de la averiguación sobre los hechos de Iguala. Es inviable, recalcó Gamboa Patrón, porque sería perder soberanía.

Gamboa Patrón expresó que el acuerdo puede transitar con la propuesta de crear las dos fiscalías especiales dependientes de la PGR. Está a discusión también insistir para que el presidente Peña Nieto reciba a los padres de los normalistas, extender seis meses más el trabajo de Grupo de Expertos de la CIDH y la conformación de una comisión de seguimiento en el Senado.

Por otra parte, el Senado aprobó ayer solicitar un encuentro con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) , Luis Raúl González Pérez, para que les informe sobre los avances en las investigaciones que ese organismo lleva a cabo en torno al Caso Iguala.

El presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth citó a sesión para el jueves 18. La mayoría de los legisladores regresaron ayer mismo a sus estados para gozar de seis días de asueto por el puente vacacional de las fiestas patrias.

Críticas a Murillo

Roberto Garduño y Enrique Méndez

Los grupos parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados exigieron investigar la responsabilidad en la alteración de las investigaciones sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, e incluso pedir cuentas al ex procurador Jesús Murillo Karam. Esa postura fue cuestionada por PRI y PVEM, que desde la tribuna argumentaron que la investigación continúa abierta.

Ayer, al abordarse el caso en agenda política, diputados de PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano señalaron que los padres y madres de los estudiantes requieren certeza jurídica y conocer dónde están sus hijos.

El diputado Arturo Álvarez Angli (PVEM), quien como presidente de la sección instructora en el Congreso de Guerrero mantuvo congelada dos años una solicitud de desafuero contra José Luis Abarca por el asesinato de un regidor del PRD, ahora señaló que el ex alcalde de Iguala fue designado candidato a pesar de que se conocían sus presuntos nexos con el crimen organizado.

‘‘¿Cuál es el origen del problema de Ayotzinapa? El origen es la presencia de un gobierno municipal corrupto y vinculado con el crimen organizado avalado, impulsado y respaldado por el Partido de la Revolución Democrática’’, dijo.

En respuesta, la perredista Cristina Gaytán insistió en un juicio político a Murillo Karam, ‘‘por encubrimiento y asociación delictuosa’’, y sostuvo que su partido no evadió la responsabilidad y ejemplificó que Abarca ‘‘está en la cárcel, el gobernador (Ángel Aguirre Rivero) renunció, pero ¿quién es el alcalde que está en su casa y que pertenece al PRI? El de Cocula’’.

‘‘La mentira histórica’’

Por Morena, el diputado Rafael Santiago Rodríguez expuso que la ‘‘verdad histórica’’ divulgada por Murillo Karam ‘‘resultó la mentira histórica’’. La verdad oficial de la PGR quedó en entredicho con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló.

Cuestionó que la conclusión presentada por Murillo ‘‘es una historia fabricada, y las evidencias físicas y los peritajes demuestran que no es posible que haya ocurrido. Este hecho por sí mismo es gravísimo, porque muestra la intentona de los más altos niveles de gobierno para manipular la justicia y continuar ocultando la verdad sobre el paradero de los estudiantes y el móvil de la agresión masiva’’.

La diputada María Candelaria Ochoa (MC) consideró que Murillo Karam ‘‘debe ser investigado y responder por la deficiencia de la investigación y por la información tendenciosa’’

Expuso que el informe de los expertos de la CIDH demuestra rotundamente que Ayotzinapa es un caso y una herida abierta. ‘‘Hay un vacío enorme, un contraste doloroso entre la forma valiente y desgarradora en que los familiares de los estudiantes se han esforzado para perseguir la verdad de lo que pasó en Iguala y la forma en que el Estado mexicano les ha respondido’’, indicó.

La panista Guadalupe Murguía señaló que a casi un año de la desaparición forzada de los jóvenes, se demostró que el gobierno no actuó para resolver el caso sino sólo administrarlo, además del constante engaño a las familias de los desaparecidos. ‘‘Pase lo que pase, el sexenio de (Enrique) Peña Nieto pasará a la historia como un engaño’’, dijo.