La ciudad de México contará con un programa anticorrupción de usuario encubierto, único en su tipo en el país, para detectar y sancionar de manera ejemplar extorsiones, fraudes y cohecho en el registro y realización de trámites ante la Secretaría de Movilidad, informó su titular, Héctor Serrano Cortés.

Dicha estrategia, que empezará a aplicarse en octubre, precisó, se empatará con la revocación de la concesión a taxistas que alteren la tarifa autorizada y prestadores de servicio colectivo que pongan en riesgo o agredan a usuarios y a la ciudad, como sucedió recientemente en la ruta uno.

Con el Instituto de Verificación Administrativa saldremos a revisar zonas específicas para actuar en consecuencia, porque la seguridad de las personas y que éstas se percaten de que estamos tomando medidas contundentes es fundamental para ganarnos nuevamente su confianza, señaló.

El funcionario explicó en entrevista con este diario que un grupo especial, formado con personal de la dependencia, la Contraloría y la Procuraduría General de Justicia capitalinas, acudirá como usuario a realizar algún trámite a los 15 módulos de control vehicular ubicados en 13 delegaciones, así como en Insurgentes Sur, Xochimilco y el Registro de Transporte, donde tenemos idea que se realiza esta práctica de corrupción, que desvía un importante monto de recursos del erario, por lo que buscaremos consignar al involucrado y aplicar la sanción más severa en caso de ser servidor público, advirtió.

Las grabaciones de las cámaras, dijo, ayudarán a integrar la averiguación, así como las denuncias de los ciudadanos, vía Internet, en una cuenta a la que sólo tiene acceso el titular de la Semovi, o una abierta en la página de la dependencia o telefónicamente.

El objetivo es que en la realización de trámites para obtener o renovar la licencia de conducir, la tarjeta de circulación, placas o concesión no haya corrupción, pues en algunos casos, personas que no son de la Semovi o de las estructuras delegacionales hacen coyotaje, y también vamos contra ellos, advirtió.

La ausencia de denuncia ciudadana, porque no se cree en la autoridad, nos lleva a combatir con los mecanismos legales al alcance, los cuales se adecuarán para solicitar la intervención de la procuraduría y proceder, sin riesgo de que se desvanezca o se amparen en los derechos humanos.

Se trata, argumentó tras señalar que la acción será permanente, de aplicar sanciones ejemplares para evitar que se vuelva a repetir, y cuando piensen que ya flaqueamos, les llegará otra batería de acción para acabar con la impunidad con que actúan, pues el objetivo que tenemos es consignar, no inhibir simplemente.

De esta manera, el ataque a la corrupción no quedará únicamente en manos de la Contraloría e iremos también contra los taxis que alteran la tarifa y los microbuseros que agreden a otro compañero, poniendo en riesgo a los usuarios, como sucedió en el ramal de la ruta uno en Tlalpan.

Ahí, destacó, por primera vez se inició el proceso de revocación de la concesión por ese motivo, donde lo último que me preocupa es algún tipo de movilización contra esta medida, pero estoy acostumbrado a ellas y si en algo tengo experiencia es en eso.