Apunto de cumplirse un año de la tragedia de Iguala y en la segunda reunión con familiares y representantes de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, cuyo paradero se desconoce desde entonces, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó crear una fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas. También se comprometió a no dar carpetazo al expediente y mantener abierta cualquier línea de la indagatoria, tope donde tenga que topar.

Tras el encuentro, el vocero de la Presidencia Eduardo Sánchez expuso parte del contenido de las intervenciones y compromisos del mandatario con los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos.

Estamos del mismo lado. Ustedes y yo buscamos lo mismo: saber qué pasó con todos y cada uno de sus hijos, citó el funcionario como una de las expresiones de Peña Nieto, que concluyó: busquemos juntos la verdad.

El mandatario, dijo, firmó de recibido el pliego petitorio llevado por la comisión de Ayotzinapa a esta junta, y ordenó a Gobernación, Relaciones Exteriores y la PGR analizar la viabilidad de los ocho puntos ahí planteados.

Sin embargo, no se fijó un plazo para dar respuesta a esas demandas, aunque ofreció un análisis riguroso y con prontitud.

De acuerdo con Sánchez, en plena reunión el mandatario ordenó a sus colaboradores investigar todos los hallazgos y posibles responsables que arroje la averiguación del caso Ayotzinapa e incorporar las recomendaciones y líneas de investigación propuestas por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En este punto –y en atención a las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI)– la Procuraduría General de la República deberá integrar un equipo de peritos del más alto nivel para analizar los hechos ocurridos en el basurero de Cocula. En este grupo podrá participar, si así lo decide, el experto forense José Torero, quien en su momento concluyó que no era posible que los estudiantes hubieran sido quemados en ese sitio.

Según Sánchez, existen abundantes coincidencias entre el informe de los expertos de la CIDH y la investigación de la PGR, y para aquellos puntos en los que hay contraste se dispuso un tercer peritaje y de ese modo tener mayores elementos para esclarecer, con la certeza que sea posible, qué fue lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre (de 2014) en Iguala.

Como tercer punto dijo que se deberá esclarecer qué fue lo que ocurrió de manera individual con cada uno de los desaparecidos, al tiempo que la secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas aseguren el acceso a los afectados a los mecanismos de atención y se garanticen los cuidados médicos a todos los lesionados de los sucesos de septiembre de 2014.

En el encuentro, el gobierno federal presentó una numeralia de sus pesquisas sobre este caso: 111 personas detenidas; 52 eran policías municipales de Iguala, 19 de la de Cocula y 40 más vinculados al crimen organizado en Guerrero, así como el ex alcade de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Angeles Pineda, señalados como los autores intelectuales de este abominable crimen.

Se han realizado 664 dictámenes periciales, analizado 135 muestras de ADN y recabado 577 declaraciones ministeriales.

Detalló que hubo 6 mil 770 patrullajes de búsqueda, 255 sobrevuelos y 94 operaciones en aviones no tripulados.

Los familiares de los desaparecidos, aseguró Eduardo Sánchez, han recibido asistencia jurídica, sicológica y médica, incluida la instalación de una unidad de salud en la Normal de Ayotzinapa.

El funcionario declinó calificar el ambiente que imperó en el Museo Tecnológico, para cumplir sólo la encomienda de informar de los acuerdos alcanzados.

Los representantes de los medios pidieron saber si el Presidente dio respuesta al reclamo de investigar y eventualmente llevar ante la justicia a diversos funcionarios públicos, entre ellos el ex procurador general Jesús Murillo Karam, acusado de alterar las investigaciones del caso, y si respondió sobre abrir el cuartel militar de Iguala a los expertos internacionales.

Sánchez respondió: hay un mandato constitucional para el titular de esta dependencia (PGR) de llevar a cabo todas las investigaciones sin restricción alguna y sin más limitación que la que el propio derecho establece. La PGR, subrayó, tiene la obligación de llevar a cabo la investigación con estricto rigor técnico, más allá de cualquier especulación.

En su intevención, Peña Nieto manifestó su solidaridad con el dolor de la comunidad de Ayotzinapa; reiteró su compromiso de escucharlos, dialogar y reafirmó la voluntad y buena fe del gobierno para esclarecer los hechos', indicó Eduardo Sánchez. El mandatario dijo comprender el dolor e indignación de los padres, en este, seguramente el año más difícil de sus vidas, porque ninguna madre, padre, hijo, hermano, debiera sufrir lo que ellos han sufrido. Al final del encuentro se firmó una minuta de los acuerdos.