Organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos consideraron que la reunión que sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto con los familiares de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, desaparecidos hace un año, resultó infructuosa. El gobierno no aportó nada nuevo como para pensar que existe una verdadera voluntad –más allá del discurso– de llegar a la verdad de los hechos.

Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional México, dijo que además de asumir un compromiso de atender las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tendría que haber ofrecido un mecanismo de seguimiento del trabajo de la Procuraduría General de la República. Con ello, Peña Nieto daría legitimidad a sus decisiones y políticas públicas, apuntó.

Consideró que con sus acciones, el titular del Ejecutivo tendría que enviar un mensaje claro de la disposición que tiene para reconstruir la confianza de la sociedad y los padres de los estudiantes hacia el poder y las instituciones.

Adrián Ramírez, director de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, criticó que Peña Nieto no haya ofrecido una disculpa pública. Nada le quitaba hacerlo y reconocer que su administración no estuvo a la altura para prevenir y dar seguimiento inmediato a los hechos.

Una mala señal del resultado del encuentro, dijo Adrián Ramírez, es que no hubiera una conferencia conjunta y que en la oficial, el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, se haya dedicado a eludir las preguntas. Tampoco es positivo que la reunión se haya realizado a puerta cerrada, indicó el activista.

Llamó la atención sobre la necesidad que hay, en este contexto, de que organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, intervengan para investigar y sancionar la actuación que ha tenido el gobierno de Peña Nieto en este caso y todos los de desaparición forzada en el país.

Fernando Ríos, de la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, resaltó que en el encuentro prevaleció la falta de interés de las autoridades, que se limitaron a la redición de los compromisos que había asumido anteriormente. El resultado, dijo, es que a un año de la desaparición de los estudiantes, existe un grave impedimento para el acceso a la justicia y se convierte en el paradigma de lo que ha ocurrido en el país con miles de desaparecidos y ejecutados.

En suma, apuntó Fernando Ríos, prevalece la impunidad y la crisis de derechos humanos. A ello se suma, de manera grave, la condena hacia las acciones de protesta, así como el encono que se ha generado en contra del GIEI, cuyo trabajo se ha querido denostar, indicó.