A unas horas de que se cumpla un año de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha conseguido una sola sentencia de los responsables de esos hechos, y hasta ahora ha ordenado ejercer acción penal (pedir órden de aprehensión) contra 131 personas, de las cuales 111 han sido aprehendidas y enfrentan un proceso, según consta en expedientes judiciales de diversos juzgados y tribunales del Poder Judicial Federal.

Entre los imputados de mayor perfil público que están en prisión y sujetos a proceso por el caso Ayotzinapa destacan José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala; su esposa María de los Ángeles Pineda Villa (quien de acuerdo con algunos de los detenidos era una de las líderes del cártel Guerreros unidos); los capos de esa organización criminal Gildardo López Astudillo, El Gil, y Sidronio Casarrubias Salgado, así como el ex subdirector de la policía municipal de Iguala Francisco Salgado Valladares.

La detención más reciente fue la de El Gil, personaje clave en la masacre de 43 normalistas de Ayotzinapa.

Desde el momento de su detención, ocurrida hace dos semanas, López Astudillo confesó en buena medida los hechos que se le imputan, según indicaron fuentes judiciales consultadas.

Es decir, el detenido reconoció que la noche del 26 de septiembre de 2014, las policías de Iguala y Cocula le entregaron a los normalistas en un paraje conocido como la Loma del Coyote, en los límites de ambos municipios.

Según su declaración, dio la orden de llevar a los estudiantes al basurero de Cocula, para incinerarlos, ya que pensaban que eran miembros de Los Rojos, la banda rival.

Sidronio Casarrubias Salgado, jefe de Guerreros unidos, recibió la madrugada del 27 de septiembre mensajes de texto de El Gil, quien le reportó: “está la fiesta en grande, ya que se habían metido Los Rojos y llevaban varias horas ya peleando, al rato te dejo saber más detalles”.

El Gil sostuvo ante autoridades ministeriales que el ex alcalde José Luis Abarca y su esposa sabían que los estudiantes de Ayotzinapa serían asesinados y que sus cuerpos iban a ser incinerados, indicaron las fuentes judiciales consultadas.

El pasado 26 de marzo, la PGR emitió un comunicado de prensa en el que dijo estar a la espera de que un tribunal federal ordene las aprehensiones por el delito de desaparición forzada contra los implicados en el caso Iguala-Ayotzinapa, las cuales fueron negadas en primera instancia por un juez federal de Tamaulipas.

La PGR reitera que ha realizado una investigación transparente, exhaustiva y apegada a derecho. Al respecto, se iniciaron 25 averiguaciones previas relacionadas con los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala y Cocula, Guerrero, dijo entonces la dependencia.