Zacatecas, Zac.

Los consorcios mineros que operan en México exigieron a los gobiernos local y federal garantías para que sus impuestos sean aplicados con transparencia en obras realizadas a costos razonables, que se fiscalicen y se reconozca públicamente a las empresas que aportaron el dinero vía impuestos.

Lo anterior, al instalarse el primer comité regional que decidirá qué proyectos públicos se construirán con el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de los Estados y Municipios Mineros del país (fondo minero).

En el comité están representadas autoridades de los tres niveles, el sector minero y las comunidades agrarias de la entidad donde hay explotación del subsuelo.

El fondo tiene una bolsa general acumulada de 3 mil millones de pesos, que serán distribuidos y aplicados en obras de infraestructura social en los 24 estados de la República con actividad minera, informó Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano –que por ley administrará el fondo minero en coordinación con la Secretaría de Economía y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (Bansefi).

A nombre de las empresas mineras del país, Octavio Alvidrez Ortega, director ejecutivo de la compañía filial de Peñoles, Fresnillo PLC, la primera productora de plata primaria del mundo, que cotiza en la Bolsa de Londres, exigió a los gobiernos local y federal transparencia en la aplicación de los recursos, precios de obras razonables, que se soliciten proyectos ejecutivos, una fiscalización adecuada y el reconocimiento a la mina, ubicada en el municipio donde se ejecute la obra.

Por eso, insistió, sabedores de la escasez de recursos para hacer frente a muchas necesidades, desde el comité regional estaremos solicitando la aplicación prudente del fondo minero en la inversión física, para lograr el mayor impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, solicitando que se eviten obras que conlleven un gasto operativo para su mantenimiento o contratación de deuda.

En representación de las comunidades agrarias, el campesino José Pérez Martínez recordó que las necesidades de los pueblos mineros nunca se han cubierto en su totalidad, y cada día, a pesar de la generación de empleos y minas, estas necesidades crecen. Respecto a las comunidades agrarias que estamos relacionadas con la minería, hemos sido beneficiadas por estas industrias, pero también tenemos carencias en diversos rubros.

Pérez Martínez pidió a Robles Berlanga que además los ejidatarios cuenten con la orientación y apoyo de la Sedatu en la negociación de terrenos que puedan ser de utilidad para la extracción de gas, petróleo o generación de energías limpias.

Los recursos del fondo minero provienen del impuesto especial de 7.5 por ciento de las ganancias que obtengan las empresas mineras del país en general, y 0.5 por ciento adicional para las compañías del sector que extraigan oro, plata y platino, aprobado en octubre de 2013 por la Cámara de Diputados.

Alfonso Cantú, coordinador general de minería en la Secretaría de Economía, recordó que se buscará que los recursos del fondo minero beneficien a las localidades y regiones donde se desarrolla la minería, esto es particularmente en los 600 municipios del país que tienen esta actividad.