La iniciativa presidencial para constituir zonas económicas especiales en el sur del país pretende “atraer empresas ‘ancla’ o tractoras de sectores de elevada productividad”, mediante incentivos fiscales que se consideren necesarios para que los inversionistas acepten integrar áreas industriales y de importación.

El proyecto anunciado el martes por el presidente Enrique Peña Nieto fue turnado ayer a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Resalta que para la construcción de esas zonas el gobierno federal podrá declarar de utilidad pública un área para poder expropiar terrenos.

Aclara que en el caso de proyectos ubicados en municipios indígenas, se prevé la obligatoriedad de someterlos a consulta basada en los usos y costumbres de las comunidades.

En la exposición de motivos, el Ejecutivo plantea a los legisladores que mientras algunos estados registran un desempeño favorable, otros del sur, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, retienen un alto grado de rezago social que coincide con un estancamiento económico estructural.

En el sur de México se localizan 60 por ciento de los municipios con niveles de marginación alto o muy alto, en tanto que esta concentración es de 2.2 por ciento en los estados de la frontera norte, expone. Con la apertura de zonas económicas especiales, agrega, se busca lograr el crecimiento y desarrollo sostenible de las regiones con mayor rezago social, con el fomento de la inversión privada.

La definición planteada sobre esas zonas es la de áreas geográficas del territorio nacional, determinadas en forma unitaria o por secciones, sujetas al régimen especial previsto en la ley que incluye beneficios fiscales, financieros y administrativos, entre otros, así como regulación específica, en la que los inversionistas interesados podrán realizar actividades de manufactura, procesamiento, transportación y almacenamiento, prestación de servicios de soporte e introducción de mercancías para tales efectos.