La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fin a la facultad que tenía el Ministerio Público Federal de enviar a discreción a penales de máxima seguridad a personas que no fueran imputadas por delitos de delincuencia organizada.

Los ministros establecieron que en el pliego de consignación correspondiente el Ministerio Público deberá fundamentar y motivar las razones por las que un acusado es enviado a un penal de máxima seguridad, ya que por ley esas cárceles están reservadas para personas de alta peligrosidad relacionadas con delitos de delincuencia organizada.

Con este criterio, la Procuraduría General de la República (PGR) no podrá remitir a dichos penales a personas acusadas de otros delitos, como ocurrió en su momento con los pobladores de San Salvador Atenco o luchadores sociales, explicaron funcionarios judiciales.

Al resolver ayer una contradicción de tesis, con el voto en contra de José Ramón Cossío, la sala determinó que la competencia territorial de excepción en delitos de delincuencia organizada, por disposición expresa del artículo 18 constitucional, se surte en favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción resida un centro especial de máxima seguridad.

Los ministros señalaron que la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias, tratándose de los delitos referidos, debe realizarse en centros especiales, que son los penales de máxima seguridad, por ser los que cuentan con las medidas de seguridad e instalaciones necesarias para la protección integral de los propios procesados o sentenciados y para la disminución del riesgo de fuga.

En razón de lo anterior, la jurisdicción del juez que conozca del asunto estará en el penal de máxima seguridad. Y al ejercer la acción penal, la PGR deberá exponer los motivos y razonamientos que, a su juicio, acreditan el cuerpo del delito.