e acuerdo con un estudio de los investigadores Alexander Main y Dan Beeton, realizado a partir del análisis de cables del Departamento de Estado filtrados por Wikileaks, Estados Unidos ha alentado la desestabilización política en diversos países de América Latina, como parte de una estrategia para reconstruir su hegemonía en la región, la cual se ha visto fracturada por el arribo al poder de gobiernos de signos ideológicos distintos, pero renuentes a aceptar acríticamente el llamado Consenso de Washington. Según los autores, en el contexto de la referida estrategia se llegó a analizar la posibilidad de que fuera asesinado al presidente de Bolivia, Evo Morales, en el marco de la crisis política que protagonizaron el gobierno de La Paz y las oligarquías secesionistas de la llamada región de la Media Luna (Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando), en 2008.
El referido plan constituye, en lo esencial, una reiteración de las inveteradas manías estadunidenses para desestabilizar a gobiernos soberanos en el continente, que entre otras cosas han llevado a Washington a perpetuar por más de seis décadas un bloqueo improcedente en contra de Cuba, que ha sido complementado con diversas maniobras de desestabilización en la isla. Por lo demás, Washington ha patrocinado y organizado programas golpistas como el que se puso en marcha contra Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954 y el que derivó en el sangriento cuartelazo del 11 de septiembre de 1973 en Chile; formó escuadrones de la muerte en Centroamérica en los años 80 del siglo pasado, y envió, a finales de esa década, fuerzas invasoras a Granada y a Panamá.
Por desgracia, el patrón golpista se ha reactivado en el pasado reciente y ha afectado a diversos gobiernos y países desde 2002, cuando el presidente venezolano Hugo Chávez fue temporalmente derrocado y secuestrado por militares desleales; se repitió en escala menor en Bolivia en 2008; logró, un año más tarde, subvertir el orden democrático en Honduras, y se reprodujo, sin éxito, en la sublevación policiaca contra Rafael Correa en Ecuador, en 2010. Recientemente, en naciones como Venezuela y Argentina se han dado movilizaciones pretendidamente ciudadanas en las que puede apreciarse, sin embargo, la mano no tan invisible de Washington, con la novedad de que el correlato discursivo actual de esa asonada está basado en supuestos afanes de desarrollo democrático
en esas naciones.
Esa estela de episodios da cuenta de que la pretendida vocación democrática de Estados Unidos no es más que una falacia, y que la superpotencia, por lo general, no tiene empacho en subvertir regímenes legítimamente constituidos cuando éstos se oponen a sus intereses hegemónicos en la región.
Con todo, el plan denunciado en la publicación referida deja fuera una de las vías menos violentas y acaso más efectivas de que se ha valido Washington para consolidar y reparar su hegemonía regional. Tal es el caso del adoctrinamiento ideológico de las élites que conducen política y económicamente a naciones del continente, como ha sucedido en México. En efecto, la adopción acrítica del neoliberalismo por los gobiernos de nuestro país en las últimas tres décadas no solamente ha arrojado nefastos resultados sociales y económicos, también ha supuesto un lastre para las posibilidades de transformación del régimen político, bloqueadas sistemáticamente por esas propias élites mediante recursos no precisamente democráticos y con el conocimiento e incluso el beneplácito de Estados Unidos.
Por fortuna, el designio desestabilizador comentado ocurre en un momento en que las naciones de la región se han provisto de mecanismos de interacción multinacional que escapan a la preceptiva de Washington y que, en forma contraproducente, ha profundizado el aislamiento de la superpotencia en la región. A pesar de ello, queda demostrado que Washington, lejos de ser un garante de la legalidad internacional y la democracia, se ha convertido en un violador consuetudinario y sistemático de tales principios.
