La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (Rnddhm), a través de una carta pública dirigida a Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunció el incremento de agresiones en contra de mujeres que luchan por el respeto a las garantías individuales en el país.

En el escrito, signado por 189 defensoras de derechos humanos, integrantes de 103 organizaciones no gubernamentales ubicadas en 24 entidades, exponen que junto con la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), de la que formamos parte, desde 2010 hemos documentado las agresiones contra las mujeres que defendemos y promovemos las garantías individuales en diferentes partes de nuestro país.

Aprovechan visita de la CIDH

En el contexto de la visita in loco (observación en terreno) que una delegación de la CIDH realiza en México, detallan que de 2010 a 2014 documentamos 615 agresiones contra mujeres defensoras: 118 en 2012, 189 en 2013 y 308 en 2014. Entre éstas, hay 36 asesinatos.

Manifiestan que las mujeres defensoras sufrimos de distinta manera los mismos ataques y enfrentamos riesgos específicos propios de nuestro género, como amenazas de violación sexual, campañas de difamación y desprestigio con leguaje sexista y machista, violación sexual, amenazas de atentar contra nuestros hijos e hijas y de manera más reciente acoso y hostigamiento en redes sociales con mensajes e imágenes con connotación sexual.

La Rnddhm, “de enero a junio de 2015, emitió 17 comunicaciones públicas para visibilizar agresiones contra las defensoras de derechos humanos. De ellas, 12 fueron cartas a autoridades y cinco comunicados en respaldo de manera directa a un total de 40 activistas, entre ellas ocho periodistas”.

Los pronunciamientos públicos, dijeron, permitieron visibilizar las agresiones contras defensoras de derechos humanos en 13 entidades: estado de México, Guerrero, Veracruz, Nuevo León, Sonora, Distrito Federal, Chihuahua, Colima, Sinaloa, Jalisco, Oaxaca, Querétaro y Guanajuato.

Algunas de las agresiones visibilizadas fueron “allanamiento a casa y a instalaciones de organizaciones, amenazas de agresión física y de muerte, criminalización, desplazamiento forzoso, hostigamiento, incomunicación, intento de allanamiento, intervención de correo electrónico personal, intimidación, persecución, seguimiento, tortura sicológica y sexual, así como vigilancia de vivienda.

La red refiere que muchas de estas agresiones tienen como consecuencia el desplazamiento forzado, exilio, y por ende, el cese de su labor y aporte al movimiento social, ya sea de manera temporal o definitiva.