Washington.

La precandidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, dijo el miércoles que no respalda el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (ATP).

No estoy a favor de lo que me enteré (sobre el tratado), dijo Clinton en una entrevista con el programa Newshour. No creo que cumpla con las altas expectativas que tengo, señaló.

Las declaraciones se dan después del acuerdo para el pacto al que llegaron el lunes 12 países ubicados en la cuenca del Pacífico y que fue impulsado por Estados Unidos. El martes, el presidente estadunidense, Barack Obama, insistió en la defensa del ATP en busca de su ratificación en el Congreso.

El pacto –que involucra 40 por ciento del producto interno bruto (PIB) y que no incluye a China– busca liberalizar el comercio, lo que algunos críticos señalan que afectará los costos de productos desde lácteos a medicamentos de biotecnología. Entre los firmantes del acuerdo están México, Chile y Perú.

Hillary Clinton mencionó particularmente dos defectos en el acuerdo anunciado el lunes: la ausencia de sanciones contra los países acusados de manipular su moneda, y las medidas que dan demasiadas ventajas a las compañías farmacéuticas en detrimento de los pacientes y los consumidores. No podemos dar el beneficio de la duda a los nuevos acuerdos. Los riesgos son demasiado elevados y, a pesar de nuestra buena voluntad, terminan por hacer más mal que bien a las familias estadunidenses, cuyos salarios apenas se han movido estos últimos años.

Su postura sorprendió ya que Clinton, que fue secretaria de Estado de Barack Obama de 2009 a 2013, había defendido en el pasado el interés económico del ATP.

Al respecto, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, señaló que aún es muy prematuro adelantar el impacto económico del ATP, porque no se conocen muchos detalles.

La funcionaria expresó que espera que este pacto comercial contribuya a mejorar el comercio internacional, y se constituya en una base para mejorar el intercambio entre los países y a la reducción de la pobreza.

Debido al secretismo de las negociaciones del ATP, la organización no gubernamental (ONG) chilena Derechos Digitales pidió este miércoles que se publiquen los documentos aprobados.

Piden publicar documentos

Señala que las condiciones del acuerdo se mantienen en secreto y han sido evaluadas únicamente por los equipos negociadores durante los pasados años. Ahora más que nunca es necesario que los textos de la negociación, celosamente ocultos durante los últimos años, sean liberados, de modo que podamos conocer la real dimensión de los costos y beneficios asociados a suscribir esta alianza comercial, afirma en un comunicado difundido en Santiago.

El ATP fue suscrito el 5 de octubre en la ciudad estadunidense de Atlanta por los gobiernos de Estados Unidos, México, Perú, Chile, Canadá, Japón, Malasia, Singapur, Vietnam, Brunei, Australia y Nueva Zelanda.

La organización no gubernamental, dedicada a la defensa y promoción de los derechos en el entorno digital, añadió que los congresos no pueden proponer modificaciones y las únicas alternativas son aceptar o rechazar el texto en su totalidad.

Aseguró que las condiciones del acuerdo son fruto de un proceso que ha carecido de cualquier forma de participación ciudadana y control político, y siguen siendo desconocidas para los Congresos nacionales, la prensa y el público. Es por ello que ignoramos los alcances concretos que este acuerdo tiene para los habitantes de los países firmantes, advirtió la organización fundada en 2004 por un grupo de abogados vinculados a la Universidad de Chile.

Destaca que ese hermetismo es incompatible con la democracia del siglo XXI y añade que mientras los países avanzan poco a poco en mejorar sus democracias y establecer mejores mecanismos de transparencia pública, el ATP es todavía un resabio de opacidad propia de regímenes autoritarios.

Plantea que si el ATP tendrá impactos en el papel del Estado en la economía, los derechos en Internet o el acceso a la salud, precisamente lo que se requiere es más debate público y no existe razón para que un tratado de esta magnitud haya sido negociado a espaldas de la ciudadanía.

La organización concluyó que ahora es turno de los congresistas de México, Chile y Perú de estudiar con detenimiento y muy a conciencia si es la mejor ruta hacia estados más desarrollados, más democráticos y donde los ciudadanos cuenten con mayores derechos.

Para que el ATP entre en vigor requiere la aprobación en los parlamentos de los 12 países firmantes.