En dos años, el sistema de cuentas de ahorro para el retiro individual, ideado en el gobierno de Ernesto Zedillo y aprobado por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), comenzará a entregar las primeras pensiones, pero las Administradoras de Fondo para el Retiro (Afores) sólo cubrirán 30 por ciento y el resto tendrá que ser pagado con recursos fiscales.

Se trata de una bomba de tiempo, explica la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Araceli Damián González (Morena), en entrevista con La Jornada.

Aun cuando en los primeros años ese esquema no presionará las finanzas públicas, a mediano y largo plazos será necesario destinar más fondos del presupuesto para pagar el mínimo de un salario definido en la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro.

“Es un grave problema, porque el sistema está basado en un supuesto del crecimiento del empleo, formalización, mejoramiento del salario y algo la densidad de contribución.

Sin embargo, los trabajadores enfrentan tal inseguridad laboral que unos trabajan con seguridad social y otros no; muchos que cotizaban ya no tienen empleo y no cumplirán con el total de semanas de cotización. Sólo 35 por ciento de la fuerza laboral del país tiene cobertura social.

En ese sentido, dijo, la expectativa para un trabajador es llegar a la edad de retiro con una pensión reducida.

Ninguna pensión debería estar por debajo del salario mínimo, porque éste no alcanza para comprar una canasta alimentaria. Actualmente, pensionados que ganan 4 mil pesos al mes no tendrán para pagar ni sus medicinas, alertó.

Damián González expuso que el programa de pensiones para adultos mayores cubre una expectativa de un ingreso pero, al mismo tiempo, permite la informalidad en el empleo.

“Los empresarios, con la mano en la cintura, dicen a sus trabajadores ‘ahí está el Seguro Popular y ahí está tu pensión de adultos mayores de 65 años y más’. No los inscriben al Seguro Social y no pagan sus cuotas”, dijo.

–¿Este sistema va al fracaso?

La diputada de Morena Araceli Damián González subraya que con voluntad política del gobierno se puede resolver la situación de las cuentas de ahorro para el retiroFoto María Meléndrez

–No si hay voluntad política para actuar a tiempo.

“Debe cambiar el enfoque de la seguridad de la protección mínima, una propuesta del Banco Mundial de la garantía mínima, hacia esquemas en los que el trabajo sea el eje con seguridad social, para tener una economía mucho más sana y seguridad en el ingreso a lo largo de la vida.

–En los días recientes se registró una nueva pérdida de los ahorros.

Minusvalías le llaman las Afores y la Consar.

–Las comisiones que cobran las Afores son independientes de los rendimientos. Las empresas tienen asegurada su ganancia y los que pierden son los trabajadores. No hay una penalización a las empresas que inviertan mal.

Se requiere buscar esquemas de inversión más seguros y regresar a los esquemas solidarios. Argentina se vio obligada a regresar al sistema de reparto. En Chile, el subsidio gubernamental es altísimo y México también enfrentará ese problema.

–¿Será un costo multimillonario?

–Seguramente el gobierno ya tiene el estudio actuarial; sabe lo peor: que no funcionó su reforma y tendrá que aportar dinero.

“O, si los recursos del trabajador no alcanzan a cubrir el mínimo, las aseguradoras le dirán ‘tu pensión alcanza para unos años; si sobrevives más es tu problema o te vendo un seguro por el tiempo que vivas’. Los que no puedan pagarlo quedarán en la indefensión”.

La legisladora informó que desde la comisión se promoverá un debate nacional para modificar la ley de 1997, para que la seguridad social se haga más sólida, con mejores beneficios a los trabajadores y recuperar la responsabilidad.

Refirió que las universidades públicas también enfrentarán un problema similar, porque la cotización salarial de los trabajadores es mínima y en este momento no hay una alternativa a ese conflicto.

El único sector laboral que no enfrentará el problema de las pensiones es el de las fuerzas armadas. Continúa el sistema de reparto, porque es evidente que es un sector que se quería proteger. Hay ahí un esquema de privilegio, señaló.