El salario mínimo digno debe ser de 210 pesos diarios, es decir, 6 mil 300 mensuales y también se tendría que establecer una remuneración máxima para los gobernantes, para que este país deje de ser el que tiene trabajadores miserables, mientras sus funcionarios tienen sueldos faraónicos y los empresarios ganancias estratosféricas.

Es decir, se debe poner un coto a la avaricia patronal, señalaron los sindicatos que conforman la Nueva Central de Trabajadores, como parte de las conclusiones de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.

Indicaron que en México, la derecha ultraneoliberal ha llevado al extremo sus ataques a la clase trabajadora y no ha cesado su intento de destruir al sindicalismo independiente. Se apoya en las burocracias sindicales charras para destruir los contratos colectivos de trabajo, despedir a decenas de miles y privatizar las empresas públicas.

Además, en el país se han introducido los llamados contratos de protección, para privar del derecho a la libre sindicalización a cerca de 90 por ciento de la clase trabajadora y se ha reducido al salario a un tercio de lo que se requeriría para que un obrero pueda adquirir la canasta básica alimentaria.

Por si fuera poco, también esta ultraderecha logró que se eliminaran de la Ley Federal del Trabajo, derechos básicos, como el del empleo seguro, facilitando los despidos, introduciendo diversos formatos de contratos a prueba, y con la legalización de la subcontratación o outsourcing entre muchas otras artimañas para incrementar la explotación de los trabajadores.

Esta Nueva Central de Trabajadores, en la que militan gremios como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), diversas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Alianza de Tranviarios, Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (Situam), el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas), entre otros, participó en las acciones que se llevaron a cabo en diversos países en favor del empleo decente.

Como parte de sus conclusiones, estos gremios señalaron que se requeriría impulsar una legislación laboral que asegure la defensa del salario y del empleo, así como los derechos de los trabajadores. Pero sobre todo la que erradique los contratos de protección y la toma de nota como mecanismos de injerencia del gobierno en la vida interna de los sindicatos; además de que se combata la precarización del empleo, especialmente del juvenil y la subcontratación.

Señalaron que se debe impulsar la economía social y cooperativa, como forma de incentivar el empleo; reducir la jornada laboral a 35 horas semanales; elevar el salario mínimo a 210 pesos diarios, y defender los regímenes de jubilación, independientemente de mantener una pensión pública universal para el adulto mayor de 60 años, así como derogar la reforma que permitió la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro, que ha resultado una estafa más para los trabajadores y que pone en peligro la seguridad de millones de pensionados.