El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo para solicitar a los congresos de 24 estados del país tipificar el delito de turismo sexual y sancionar el abuso contra menores de edad con prisión de entre 6 y 20 años y multas económicas.

En la propuesta, la diputada Julieta Fernández Márquez señaló que al no castigar esa práctica y no proteger los derechos fundamentales de los niños, la sociedad y el gobierno ‘‘nos convertimos en cómplices de los turistas sexuales, que destruyen la vida de los menores creándoles profundas heridas sicosociales’’.

Refirió que si bien los estados de Colima, Baja California, Baja California Sur, Michoacán, San Luis Potosí, Yucatán y Sinaloa, así como el Distrito Federal, ya incluyeron ese delito en sus códigos penales en materia federal y del fuero común, el resto de las entidades se convierten ‘‘en paraísos para el turismo sexual infantil, porque los abusadores atraviesan el territorio nacional sin ninguna consecuencia’’.

La legisladora sostuvo que se requiere de una intervención urgente del Estado y debe existir un compromiso de las autoridades para prevenir, atacar y erradicar ese crimen.

Explicó que se conoce como turismo sexual a la práctica de visitantes extranjeros o nacionales que, además de su viaje de negocios o de ocio, tienen el doble propósito de contratar encuentros sexuales con menores de edad que son enganchados por trabajadores de hoteles, restaurantes, guías, taxistas o en antros.

‘‘En México, el turismo sexual infantil es un cáncer silencioso que ha crecido exponencialmente en los 15 años recientes. El país está considerado en los primeros cinco vergonzosos lugares a escala mundial, lacerando gravemente nuestro tejido social y lo más valioso que tenemos, nuestros niños y niñas’’, indicó la legisladora del tricolor.

Fernández Márquez refirió finalmente que la Organización de las Naciones Unidas, en sus informes 2004-2010, ha presentado estadísticas y datos confiables sobre el ‘‘comercio infantil’’ en el país, mientras que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha detallado que ese delito aumentó en ciudades turísticas como Acapulco y Cancún, y en urbes fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez.