Se suma el Centro Robert F. Kennedy en una carta a Peña
Llaman al Presidente a asumir un mayor compromiso en la investigación
Viernes 16 de octubre de 2015, p. 5
Nueva York.
Decenas de expertos internacionales en derechos humanos y el centro Robert F. Kennedy Human Rights instaron al gobierno de Enrique Peña Nieto a redoblar sus esfuerzos y asumir un mayor compromiso en la investigación de los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada en septiembre de 2014.
En una carta abierta dirigida al mandatario mexicano, los expertos señalan que la investigación oficial ha generado ‘‘serias preocupaciones’’, al indicar que las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ‘‘desvirtúan las conclusiones’’ de la Procuraduría General de la República ‘‘sobre el motivo o los métodos de los crímenes’’, afirmó el Centro Robert F. Kennedy al emitir la misiva.
La carta expresa ‘‘nuestra profunda preocupación’’ sobre la desaparición de los normalistas y se envía para ‘‘instar al gobierno a disponer el mayor esfuerzo y compromiso para determinar el paradero (de los estudiantes) y proporcionar verdad y justicia a las victimas, sus familiares y al pueblo de México en este atroz acontecimiento’’.
Los firmantes elogian el informe del GIEI y apoyan la petición de los padres y madres de familia para extender el tiempo necesario su mandato, ‘‘teniendo en cuenta que la obligación del gobierno es aclarar lo sucedido a los desaparecidos y descubrir dónde se encuentran, tarea en la cual la participación e investigación del grupo de expertos resulta crucial’’.
Señalan en su carta al Presidente mexicano que el GIEI descubrió múltiples errores en la investigación, ‘‘incluyendo el mal manejo de evidencia y la omisión de testimonios’’. Subrayan que los hallazgos de este grupo ‘‘no coinciden con las conclusiones’’ de la PGR sobre el motivo o métodos de lo sucedido, y además, determinó que varias de las hipótesis oficiales eran ‘‘científicamente imposibles’’.
La carta enumera varios de estos errores y contradicciones y resalta que el informe del grupo de expertos ‘‘encontró que tanto policías estatales y federales, como también miembros del Ejército Mexicano, tuvieron conocimiento y estaban presentes en varias escenas del crimen caracterizadas por el brutal uso de la fuerza, sus largas horas de duración y la coordinación del ataque hacia los estudiantes, sin interceder para proteger la vida de sus conciudadanos’’.
Al destacar que la PGR analiza el informe, los expertos instan a la dependencia a incluir todos los aspectos del GIEI e ‘‘implementar todas las recomendaciones’’. Entre éstas, enumeran en especial continuar con la búsqueda de los normalistas, ya que ‘‘mientras los estudiantes permanezcan desparecidos, el caso debe ser considerado investigación abierta de desapariciones forzadas’’; asimismo, reorientar las líneas de investigación y asignar una nueva unidad de investigación; permitir al GIEI entrevistar a todas las autoridades, incluyendo al Ejercito y la Policía Federal; garantizar la atención adecuada a las víctimas, y resolver el problema de desapariciones forzadas en México.
‘‘A más de un año de sus desapariciones, el paradero de los jóvenes sigue sin conocerse, pese a la declaración prematura de la Procuraduría General de la República de que la verdad histórica sobre el caso ya se había resuelto. Para el inmenso pesar y desesperanza de las familias de los estudiantes, sus seres queridos aún no regresan a casa’’, escriben los expertos.
Concluyen que ‘‘continuaremos observando el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y los informes que indican el elevado número de desapariciones forzadas en México’’.
Entre los más de 50 firmantes se encuentran profesores de derecho de varias universidades estadunidenses, europeas y latinoamericanas, directivos de organizaciones de derechos humanos de varios países, entre ellos Frank La Rue, director del Robert F. Kennedy Human Rights-Europa; Mark Ellis, director de la Asociación Internacional de Abogados; Karim Lahidji, presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos; Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack; Aryeh Neier, presidente emérito de Open Society Foundations; Gerald Staberock, secretario general de la Organización Mundial contra la Tortura; José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch; Joy Olson, directora de la Oficina para América Latina en Washington, y Santiago Cantón y Kerry Kennedy, del Robert F. Kennedy Human Rights.
El próximo 21 de octubre, cuatro integrantes del GIEI se presentarán en un foro informativo para legisladores y sus equipos en el Congreso de Estados Unidos. El foro, patrocinado por la oficina del representante federal Alan Lowenthal (integrante del Comité de Asuntos Extranjeros de la cámara baja), la Oficina para América Latina en Washington (Wola) y el Instituto México del Centro Woodrow Wilson. El objetivo es brindar información sobre el trabajo y el informe de los expertos sobre el caso de Ayotzinapa, la investigación del caso y sus implicaciones para la cooperación estadunidense con México.
