La inversión de México en salud, medida por paciente, se redujo en la pasada década entre 600 pesos en el Instituto de Salud y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y mil pesos en el Seguro Popular (800 pesos en el IMSS), lo que afecta la prestación de servicios y más en un escenario de crecimiento de las enfermedades crónicas de alto costo, afirma un estudio de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF).

El organismo que representa a los laboratorios farmacéuticos trasnacionales instalados en México advierte sobre una serie de ineficiencias del sector público y de manera destacada un gasto administrativo que es más de tres veces mayor al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El reporte Inversión en Salud en México señala que las instituciones públicas de salud destinan 8.8 por ciento de sus recursos a las áreas administrativas –en la OCDE el promedio es de 2.4 por ciento– y en general, reportan una desaceleración en los montos de sus presupuestos.

Significa que si bien ha habido incrementos, son menores que los reportados hasta antes de 2012, que eran aumentos de 2.7 por ciento anual. Después de ese año, el crecimiento del gasto en salud ha sido de sólo 0.5 por ciento, advierte el estudio elaborado por encargo de la AMIIF a la empresa Evercore, que dirige el ex secretario de Hacienda Pedro Aspe Armella.

Esa desaceleración, señala el documento, se refleja en un descenso de 1.3 por ciento anual entre 2005 a 2015 en los gastos de inversión, principalmente en lo que se destina a infraestructura.

En cambio, el gasto corriente, más de la mitad para salarios, subió en el mismo lapso en 5 por ciento cada año.

Respecto del gasto administrativo, Cristóbal Thompson, director ejecutivo de la AMIIF, comentó que durante la investigación no fue posible determinar a dónde va ese dinero, por tanto, al menos por ahora, tampoco es posible señalar las alternativas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.

En consecuencia, disminuyeron los montos que las instituciones aplican para la prestación de servicios médicos por paciente y que cada año, entre 2011 y 2014, disminuyó 5.7 por ciento.