El Consejo General del INE lo ratificará en unos días más
Martes 20 de octubre de 2015, p. 13
El proyecto de estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) se aprobará en comisiones esta semana, a efecto de que en los próximos días sea ratificado en sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
Con ello comenzará el proceso para revertir el desfasamiento del servicio civil de carrera entre los estados, donde más de la mitad carecen de estructuras profesionales.
Hasta ahora, con diferentes grados de consolidación, sólo cinco entidades cuentan con estructuras profesionales: Distrito Federal, estado de México, Veracruz, Guanajuato y Nuevo León. En el resto, advierte el consejero Javier Santiago, prácticamente los institutos locales deberán comenzar de cero. Incluso en esas entidades hay desigualdades, pues Veracruz sólo tiene 10 personas consideradas parte del servicio profesional electoral.
A raíz de la reforma comicial como instrumento para equiparar la calidad de la organización electoral, el SPEN no entraría en vigor en el corto plazo. Hay otros 10 lineamientos que hay que modificar relacionados con los procesos de ingreso y promociones, entre otros, que hay que cubrir
, lo cual, se estima, será a mediados del año próximo.
Sobre el proyecto de estatuto hay objeciones importantes de los partidos políticos, los cuales han criticado que en ese instrumento no se tengan consideradas áreas básicas, como la fiscalización, o preocupaciones centrales de los institutos locales, que cuestionan la compatibilidad de la normatividad entre el SPEN y el personal administrativo. En el primer caso, dijo, la fiscalización estará considerada en esa estructura, pero el personal incorporado se definirá en el catálogo de puestos que se elaborará posteriormente.
Santiago senaló que evidentemente la instrumentación de esa fase de la reforma implicará que los organismos electorales cuenten con mayores recursos, particularmente aquellas entidades –la mayoría– donde actualmente no hay SPEN. Normalmente los legisladores no contemplan en sus reformas electorales el costo que éstas involucrarán, sostuvo.